Si nosotros realmente “creemos en los principios de libertad y democracia, no podemos calificar de traidores, ni dar muerte civil a quien da una opinión distinta en Santa Cruz, y nadie tiene por qué decirnos quién es más cruceño y quién es menos cruceño”, afirmó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Basada en ello, la ministra argumentó la necesidad de que los “delitos” que se cometieron durante los 36 días de paro, al que llevó a la región la dirigencia del Comité Interinstitucional con la exigencia de Censo sí o sí en 2023 y que no pudo fundamentar, tienen que ser sancionados.
Prada señaló que no es democrático que por tener una diferencia “nos vayamos a agarrar a palazos” o porque no “estés de acuerdo con una medida de presión, yo agarre un bate (de béisbol) y te dé en la cabeza”.
“Yo creo que hay delitos que se cometen y que no pueden normalizarse en nuestro departamento”, aseguró la ministra durante una entrevista con la red privada Unitel al justificar los procesos que se iniciaron en contra de las personas que cometieron ilícitos durante las protestas.
Ella dio testimonio de una serie de hechos que presenció pues durante el paro permaneció en su ciudad natal, la capital cruceña.
En su estadía, dijo, observó cómo niños eran inducidos a pedir dinero en los puntos de bloqueo, que había intolerancia de ciertos bloqueadores, que se impidió el libre tránsito de personas en bicicletas, además de constantes agresiones a personal de salud, de la policía y a periodistas.
Sólo la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegación Departamental de Santa Cruz, inició la investigación y seguimiento de 18 casos de vulneración de derechos durante el desarrollo del paro indefinido.
Entre los casos abiertos en la Delegación Defensorial de Santa Cruz, dos de ellos registrados en la Coordinación Regional de Puerto Suárez, están los referidos a la afectación a la vida, a la integridad física, a los servicios de salud, a la obstaculización en la atención médica, a la libertad de prensa y acceso a la información, a la protección a víctimas de violencia sexual, a afectación a mujer embarazada, entre otros.
La ministra afirmó que durante el paro se “cometió una violación sistemática a los derechos humanos”.
De ello dio evidencia la directora de la Casa de la Mujer en Santa Cruz, Ana Paola García, quien informó que solo en esa oficina recibieron hasta ocho denuncias de violencia hacia mujeres por día durante el paro indefinido.
La propia ministra y su familia fueron amenazadas por grupos vinculados al Comité Pro Santa Cruz a través de mensajes que circularon por diversas redes sociales donde divulgaron su dirección y fotografías de su vivienda.
Lo mismo sucedió con varios diputados, senadores y peonajes públicos de la capital cruceña que se oponían a la media de presión.
Al alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, se lo tildó de traidor, mientras que al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, el gobernador Luis Fernando Camacho lo amenazó con darle “muerte civil” si aceptaba que el proceso censal se realice en 2024 y no en 2023.
Sin embargo, en el epilogo del paro, tanto Camacho como Cuellar admitieron que era “insostenible” realizar el Censo en 2023 y aceptaron la propuesta del Gobierno nacional de realizar al empadronamiento el 23 de marzo de 2024.
Prada indicó que este tipo de actitudes y delitos no “pueden normalizar en nuestra ciudad” porque sería una “señal nefasta para nuestros hijos”, como sucedió con la agresión a las mujeres del pueblo indígena Ayoreo por parte del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez.
Lo que toca ahora es reconstruir el “tejido social que se fraccionó”, apuntó la ministra.
