El coordinador del “Comité Impulsor del Juicio por el golpe de Estado de 2019”, Aldo Michel, calificó este miércoles que la convocatoria a movilizaciones mediante un “motocazo” es una acción conspirativa que pretende desestabilizar nuevamente el país y desconocer el proceso judicial en el caso Golpe de Estado II y otros.
“Es una acción conspirativa política que lo que pretenden es atentar contra el proceso judicial ordinario (…) se constituye en un acto que está fuera de la Ley”, indicó el jurista en entrevista con la ABI.
Aseveró que aún quedan pendientes acciones penales contra las personas que lideran estos “grupos irregulares” y convocan a este tipo de manifestaciones, entre las que mencionó al denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la Resistencia Juvenil Cochala, cuyos líderes están a la espera de su juicio por daños a bienes estatales en el 2020.
Aseveró que pretender desconocer la sentencia en el caso Golpe de Estado II, en el que se condenó a 10 años de cárcel a la exsenadora Jeanine Áñez y otros, es atentar contra el proceso judicial y contra las normas.
Reprochó que estos grupos pretendan desestabilizar al país y que además hagan “apología del delito” porque afirman que sus acciones durante la crisis de noviembre de 2019 fueron “legales y justas”.
“Cometen, además, apología del delito porque reivindican que sus acciones hubieran sido legales y justas cuando se trata de acciones delictivas por asociación criminal, por conformación de grupos armados que han efectuado en el golpe del 2019 y además en el transcurso de los 11 meses del gobierno de facto de (Jeanine) Áñez”, indicó.
Explicó que el denominado “motocazo” que se realizó en Cochabamba es una muestra desesperada para desconocer la acción judicial por los hechos violentos que se vivió en el 2019.
Informe del GIEI
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hace referencia a más de 20 videos en los que se observó a personas con distintivos de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), grupo irregular afín a Áñez, ejecutando actos de violencia y discriminación en contra de civiles.
“La RJC adoptó una estrategia de intimidación y agresión a personas identificadas como masistas, incluso a mujeres de Pollera”, indica parte del informe.
El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrāo, señalaba a la RJC como un “grupo paramilitar y criminal” corresponsable de la violencia en el 2019.
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