El presidente Luis Arce Catacora reprochó este viernes que ciertos actores políticos cometan “apología del delito” acusando una supuesta persecución política por los juicios que se les inició a razón del daño que causaron al pueblo boliviano durante los 36 días de paro en la ciudad de Santa Cruz.
“Cuando se abren juicios y se denuncian actos que provocaron pérdidas económicas, dolor, muerte, y hasta un hecho de violación grupal, no puede hacerse una apología del delito denunciando la aplicación de la justicia como un acto de persecución política. Es el Estado defendiendo a la sociedad”, afirmó el jefe de Estado durante el acto de clausura de gestión de la Escuela Militar de Sargentos “Sgto. Maximiliano Paredes Tejerina” en Tarata, Cochabamba.
Luego de reiteradas negativas a dialogar con el Gobierno y explicar su propuesta de realizar el Censo en 2023, el Comité Interinstitucional llevó a Santa Cruz a un paro indefinido desde el 22 de octubre.
De nada sirvieron las propuestas del Gobierno de organizar el Censo de Población de Vivienda en abril de 2024 y garantizar la entrega de los resultados oficiales lo antes posible para ejecutar la distribución de los ingresos por coparticipación en el segundo semestre del mismo año.
A pesar de sus reiterados rechazos, luego de más de 30 días de paro, la dirigencia del Comité Interinstitucional, integrada por el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, admitieron que no era “sostenible” realizar la encuesta nacional en 2023 y aceptaron la propuesta del Ejecutivo de ejecutar la encuesta el 23 de marzo de 2024.
Tras ello, la dirigencia cambió su exigencia de “Censo sí o sí en 2023” a pedir una ley de aplicación de los resultados de la encuesta nacional que finalmente fue sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el presidente el pasado 2 de diciembre.
Carente de la condición “pacífica”, como defendieron sus principales promotores, el paro provocó la muerte de al menos cuatro personas, “cientos de personas heridas y miles de compatriotas afectados en sus derechos al trabajo y al libre tránsito”, indicó Arce quien enfatizó que se “hizo daño al pueblo boliviano”.
“Es necesario sentirse indignado por lo que sucedió en octubre y noviembre como si aquellas injusticias se las hubiera cometido contra uno mismo porque efectivamente fue así”, indicó el jefe de Estado.
Señaló, además, que “el legítimo derecho al ejercicio de la protesta jamás puede servir para justificar la quema de sedes obreras y campesinas, la toma de comandos policiales, el abuso de mujeres indígenas o actos de violencia alguno”, tal como sucedió durante los 36 días de paro.
Frente a los procesos iniciados por esos ilíciticos, el Comité acusó una supuesta persecución política y convocó a una “gran marcha por la justicia y el derecho a la protesta” para este viernes.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que los actos ilícitos que se cometieron durante el paro no pueden quedar en la impunidad y lo que corresponde es que el Ministerio Público y el Órgano Judicial “establezcan si existen responsabilidades”.
“Hay un daño económico, hay pérdidas de cuatro personas, hay graves violaciones a los derechos humanos y un sinfín de delitos que han sido presentados por ciudadanos que han presentado estas denuncias por quemas a instituciones, por los saqueos que se han registrado en instituciones de organizaciones, entonces eso no puede quedar en la impunidad, pero tendrá una investigación como corresponde y uno también tiene que estar sujeto a defenderse o asumir responsabilidades o no, pero será en esa instancia en que la decida», insistió Alcón.
