En Bolivia hubo un golpe de Estado en noviembre de 2019 como consecuencia de al menos nueve hechos-hitos, por lo que el discurso de autogolpe es “una falacia inaceptable” a la luz de lo ocurrido, aseguró el portavoz Jorge Richter.
Más allá de las “especulaciones” y declaraciones “sin ninguna consistencia” los hechos demuestran la interrupción democrática en 2019, insistió en alusión a las reacciones de la oposición tras dichos de que el expresidente Evo Morales instruyó a sectores sociales pedir su renuncia.
Hizo una rememoración de hechos de octubre de 2019 a julio de 2020: 1) Cabildos de octubre de 2019; 2) Elecciones generales; 3) Denuncia de fraude; 4) Motín policial y las Fuerzas Armadas; 5) Sucesión constitucional; 6) Ley 1266 para convocatoria a elecciones generales; 7) Candidatura de Jeanine Áñez; 8) Primeros casos de Covid-19 y 9) Tribunal Supremo Electoral (TSE) modifica la fecha de las elecciones generales.
“En Bolivia, claramente, existe, más allá de la intencionalidad discursiva, demostrado, por los hechos, un golpe de Estado”, afirmó en respuesta a políticos como Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jeanine Áñez, el excívico Fernando Camacho, entre otros, que salieron a decir que hubo un “autogolpe” de Morales.
Fue el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Andrés Flores, quien dijo que Morales instruyó a la Central Obrera Boliviana (COB) y al Pacto de Unidad pedir su renuncia en la crisis política de 2019.
Sobre este hecho puntual, Richter afirmó que no es lo mismo que una organización social, como la COB o el Pacto de Unidad, pida la renuncia de un jefe de Estado a que lo haga el comandante de las Fuerzas Armadas (Williams Kaliman), que sí tiene “un poder disuasivo”.
“El verdadero poder desequilibrante viene de las Fuerzas Armadas”, explicó Richter, quien plasmó en el texto “Noviembrismo” toda lo ocurrido en la crisis de 2019.
Basado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la crisis social y política de 2019, recordó que el general Kaliman no “insinuó” la renuncia de Morales, sino le dio un “ultimátum” para que lo haga.
“Tomando en cuenta la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado, en conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, dijo Kaliman la tarde del 10 de noviembre de 2019, rodeado por militares vestidos con uniforme de campaña.
Similar camino tomó el comandante general de la Policía Yuri Calderón: “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en estos duros momentos que atraviesa nuestra nación”.
En la página 293 de su informe, el GIEI refiere que “las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran”.
“La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica. Al respecto, la Carta Democrática Interamericana fija como componente fundamental para la democracia ‘la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad’”, agrega el escrito.
Al respecto, Richter recordó que el excívico y encarcelado gobernador Camacho, “cuando ya triunfa el golpe de Estado”, en un cabildo en Santa Cruz agradece a la Policía y a las Fuerzas Armadas “por la colaboración (brindada) en todo momento” porque no solo los protegieron con custodios, sino que también los “disfrazaron y los vistieron de militares para que puedan circular por las calles”.
“Pide (Camacho) un minuto de silencio; y no estamos haciendo aquí referencia a lo que fueron sus declaraciones (de Camacho), que han circulado, donde él señala y dice que fue su señor padre (José Luis) que habría cerrado con la Policía y las Fuerzas Armadas (…) ésta es la muestra de la acción coordinada”, argumentó en alusión a uno de los nueve hitos del golpe de Estado.
Otro hito son los cabildos de octubre de 2019, previos a las elecciones. En esos eventos organizados en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz se determina la desobediencia civil y se empieza a estructurar la idea de fraude ante la posible victoria de Morales, como factor para mantener las violentas protestas cívicas que dirigía Camacho.
La jornada de las elecciones del 20 de octubre de 2019 se constituye en otro de los hitos, pues a partir de los resultados no oficiales del Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y que no son vinculantes, la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pide se realice una segunda vuelta electoral.
A su vez y con el argumento de la paralización del TREP, Mesa, quien era candidato presidencial, denuncia “un fraude monumental”.
Hace poco, Mesa dijo a un medio internacional que se le “arrebató ese proceso electoral”, por lo que Richter le instó a presentar las evidencia de ello y a decir cuánta fue la votación que se le restó.
Para el portavoz, esos elementos discursivos fueron generando una “indignación colectiva” que llevó a las movilizaciones en las nueve capitales de departamento y posteriormente al motín policial y la final renuncia de Morales, acorralado por las violentas protestas y la falta de apoyo de los militares y policías.
La irregular sucesión constitucional es otro hito del golpe de Estado de 2019. El portavoz argumentó que el artículo 161 de la Constitución establece el procedimiento cuando un presidente, el vicepresidente y los presidentes de ambas cámaras renuncian, lo que no fue cumplido por Áñez.
Siendo la segunda vicepresidenta del Senado, Áñez, ante una Asamblea sin quorum, se autoproclamó titular del Senado y luego presidenta del país. La banda presidencial se la puso un militar en Palacio Quemado y no en la Asamblea.
Escudada en solo un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional, la exsenadora beniana defendió la legalidad de sus actos, pero en junio de 2022 la Justicia la condenó a 10 año de cárcel, justamente, por los delitos de «incumplimiento de deberes» y «resoluciones contrarias a la Constitución» debido a que tomó el poder sin seguir las normas.
A estos hechos, Richter sumó que la Ley 1266 para la convocatoria a elecciones, de finales de noviembre de 2019, fue parte de las “soluciones políticas” para la situación que estaba atravesando el país.
“Se aprobó porque hubo una ruptura del orden constitucional”, afirmó.
El séptimo hito fue la candidatura presidencial de Áñez, que se concatena con los hitos ocho y nueve: las postergaciones del proceso electoral de 2020 por la pandemia del Covid-19 con el objetivo de modificar el calendario electoral e inscribir una sola candidatura de la oposición y la decisión del expresidente del Tribunal Supremo Electoral Salvador Romero de trasladar la fecha de elecciones de septiembre a octubre de 2020.
“Señalar y decir de forma tan simplificada que una declaración exculpa o devela, lo que ellos señalan, que esto hubiese sido un autogolpe, es una falacia inaceptable. El golpe de Estado es la secuencia de estos hitos”, enfatizó Richter.
