La aprehensión de Fernando es un acto de justicia y no de persecución política como intentan posicionar los seguidores del excívico, recordaron este jueves representantes de organizaciones sociales.
“Esto no es percusión política, es justicia que se da al clamor del pueblo boliviano”, afirmó la ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, Flora Aguilar.
Camacho fue aprehendido el miércoles por el caso Golpe de Estado I y el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz fijó para esta tarde la audiencia de medidas cautelares.
Aguilar señaló que Camacho fue gestor del golpe de Estado en 2019 que dejó un saldo de 38 muertos en el país.
“Hay víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba, Huayllani, Pedregal”, rememoró.
Por su parte, la Federación de Mujeres Juana Azurduy de Padilla se declaró en emergencia y se trasladó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la ciudad de La Paz, para exigir la detención preventiva de Camacho.
«En 2019 nos han asaltado, nos han robado, nos han saqueado, no nos han dado el derecho a salir a las calles, han matado a nuestros hermanos en Sacaba, Senkata y zona Sur, no vamos a permitir, estamos en emergencia, Camacho a Chonchocoro, y no es venganza, es justicia», dijo la ejecutiva de La Paz de la organización, Virginia Monasterios.
Similar posición tuvieron los Ponchos Rojos, quienes se encuentran en vigilia en la FELCC y exigen el traslado de Fernando Camacho al centro penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro.
El representante de los ponchos Rojos de la provincia Omasuyos de La Paz, Ovidio Mamani, señaló que su organización como “guardianes del proceso de cambio” vigilarán que el imputado no sea trasladado a otra ciudad.
