En los próximos días, el Gobierno presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de ley para fortalecer el trabajo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) con cuatro iniciativas, como la creación de un Sistema de Contrainteligencia.
El anuncio lo hizo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, durante los actos por el 197 aniversario de la Policía Boliviana.
El fortalecimiento de la FELCN estará apoyado en cuatro pilares. El primero prevé la “creación del Sistema de Contrainteligencia, destinada a prevenir, detectar, obstruir y neutralizar acciones operativas que sean contrarias a los fines institucionales de la FELCN”.
El segundo también establece la creación del Comité de Evaluación y Selección Técnica, que “se encargará de los procesos de selección y evaluación constante del talento humano de la FELCN, a través de la aplicación de técnicas especializadas”.
Un tercer pilar apunta a “la eliminación de la Inspectoría, que se encuentra en la estructura de la FELCN, con la finalidad de fortalecer la Inspectoría General de la Policía Boliviana, dotándole de atribuciones para la identificación, neutralización y desarticulación de operaciones ilícitas al interior de la FELCN”.
El cuarto pilar se vincula a la “creación de la Policía Judicial Antinarcóticos, con la facultad de constituirse como víctima en los procesos penales instaurados por la comisión de los delitos de narcotráfico y defender los intereses del pueblo boliviano en la lucha contra el narcotráfico, evitando la impunidad”, cita un reporte del Ministerio de Gobierno.
La propuesta de fortalecimiento de la institución encargada de luchar contra el narcotráfico surge luego de que a fines de mayo se conociera del envío de cerca de media tonelada de droga desde el aeropuerto cruceño de Viru Viru hasta España.
El hecho se dio en febrero, pero en mayo es cuando el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España informa que la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid incautó 478 kilos de cocaína que se encontraba en la bodega de un vuelo realizado en febrero y procedente del aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La ilícita mercadería fue transportada en una aeronave alquilada por Boliviana de Aviación (BoA) a la empresa española Wamos Air, que contrató a su propia tripulación.
Ninguna autoridad boliviana conoció hasta entonces lo ocurrido. Una vez se hizo público el hecho la Fiscalía activó una investigación y hasta el momento ya son ocho los encarcelados preventivamente en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz.
