Quienes intentaron mostrar a Jeanine Áñez como víctima, recibieron un balde de agua fría. El emisario de la ONU, Diego García-Sayán, no solo rechazó reunirse con ella, sino que pidió a la Justicia que determine responsabilidades penales por los 36 muertos durante el año 2019. El funcionario internacional, a dos años de las masacres, exigió justicia “¡pronto y ya!”.
El relator especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados lamentó que, a más de dos años de ocurridos los hechos violentos de 2019, es decir las masacres de Sacaba, Senkata y otras, no se realizaron ni pruebas balísticas en muchos casos.
Exhortó a la Fiscalía a reforzar sus investigaciones para profundizar las pesquisas y dejó muy en claro que este proceso trata de buscar justicia, no venganza.
Durante su primera y única conferencia de prensa tras su visita al país, García-Sayán pidió a los medios de difusión acompañar la búsqueda de justicia paras las víctimas de la violencia de 2019, la mayoría de ellas pertenecientes a “estratos más pobres y marginados de la sociedad boliviana” que “no están encontrando justicia”.
“Esas víctimas puedan ser acompañadas por ustedes (les dijo a los medios de difusión) para que encuentren justicia y se pueda investigar a fondo los hechos, se hagan las pericias balísticas, en muchos de los casos ni siquiera se han hecho todavía después de pasados dos años y que se determine las responsabilidades penales y las reparaciones a favor de las víctimas”, indicó.
El lunes, el juez Armando Zeballos determinó ampliar por tres meses el plazo de la detención preventiva de Jeanine Añez y de sus exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra en el caso “golpe de Estado I” referido a los hechos de violencia ocurridos durante el régimen de facto de 2019-2020.
Coímbra pidió al Ministerio Público citar y tomar la declaración respectiva al actual gobernador de Santa Cruz, Luis Femando Camacho por su responsabilidad en esos hechos.
La exlegisladora Lidia Patty impulsa el juicio golpe de Estado I, en el cual está detenida Áñez, acusada por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo.
Patty y sus abogados solicitaron incluir en el juicio a Camacho, Carlos Mesa y otros por haber impulsado el golpe de Estado de 2019, sin embargo, la Fiscalía no atendió la solicitud.
Sobre el tema de las víctimas de ese periodo, García-Sayán fue enfático al solicitar a las instituciones, entre ellas a la Fiscalía, que se brinde justicia a las víctimas “¡pronto y ya!”
“Yo la siento como una situación de abandono (de las víctimas de 2019) y de las necesidades de que los temas que ahí se han generado, en daños físicos, en daños a la salud y en las pérdidas de vidas de las 36 personas que han fallecido, es un asunto que debe resolverse ¡pronto y ya!”, manifestó.
“Creo que las respuestas que deberían de venir del Ministerio Público, tendrían que ser previamente reforzadas. No se trata, como en los demás casos tampoco de venganza sino de justicia”, recalcó.
Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), durante el régimen de Áñez se produjeron masacres y ejecuciones sumarias de manifestantes, todos ellos indígenas.
