Los trabajadores de la prensa fueron víctimas de agresiones físicas, verbales e incluso sufrieron el robo de sus pertenencias durante los 34 días de paro cívico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La tarde del miércoles, una periodista de Radio Santa Cruz, Laura O. Pérez Nogales, fue agredida en un punto de bloqueo, en inmediaciones del octavo anillo, en la avenida Virgen de Cotoca.
De acuerdo con el relato de la comunicadora, los movilizados la atacaron al ver su credencial que la identificaba y porque grababa el maltrato a una mujer mayor.

Los radicales la insultaron y atacaron, por lo que tuvo que huir buscando refugio en una caseta de seguridad, pero el encargado se negó a ayudarla argumentando que los movilizados eran vecinos.

Ante esta situación, ella denunció formalmente este hecho en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y pidió que se investigue esta situación por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves.

“Pido que se investigue el presente caso y proceda de acuerdo a lo establecido por ley”, indica parte de la denuncia formal presentada en la FELCC de Pampa de la Isla.

Periodistas, camarógrafos de medios privados y estatales fueron víctimas de los grupos radicales e incluso de algunos vecinos cansados del paro cívico.

En las últimas horas, las agresiones recrudecieron contra la prensa desde zarandeos, insultos, golpes a palos y pedradas.

Días atrás, otro grupo de periodistas fue atacado cuando ejercían su labor informativa en la avenida San Aurelio, en el tercer anillo.

La intolerancia se apodera de los movilizados afines a los cívicos que demandan la realización del Censo 2023, pese que el Comité Interinstitucional reconoció la noche de ayer que no es factible técnicamente y aceptaron que se realice el 2024, pero decidieron mantener su medida de presión.

Otro caso extremo, fue el ataque al periodista Mario Rocabado, quien recibió una brutal golpiza, le rompieron la cabeza y le fracturaron los dedos para que deje su micrófono durante un conflicto en el municipio de La Guardia, el 1 de noviembre. En este caso se tienen a dos personas detenidas.

El 13 de noviembre, los periodistas estatales, trabajadores de Bolivia TV y Radio patria Nueva, que cubrían el paro cívico desde diversos puntos de la ciudad de Santa Cruz, fueron agredidos por grupos de choque afines al gobernador Luis Fernando Camacho y al cívico Rómulo Calvo.

Los periodistas de la televisora estatal Carlos Iporre, Paola Moreno y el camarógrafo Franklin Quilla, fueron acorralados por extremistas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que los obligaron a cortar su trasmisión de lo que ocurría en la avenida Grigotá.

“¿De qué canal eres?”, “¡Este es masista!”, “ya me acordé es masista, apagá, apagá”, es parte de lo que miembros de estos grupos -que actuaban armados con petardos, resorteras, palos con clavos y bombas molotov- le dijeron al corresponsal Iporre, antes de romper su cámara.

Garantías
Hasta el 20 de noviembre, se reportaron más de una docena de periodistas agredidos durante el paro cívico indefinido en Santa Cruz, por lo que, la Asociación de Periodistas cruceño demandó que se brinden garantías y que se investigue estas agresiones.

Ante estas constantes agresiones, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz exige que el Ministerio Público investigue de oficio para identificar a los autores materiales e intelectuales y “dar con la veracidad de los hechos y así aplicar justicia”.

Además, recuerdan que los agresores cometieron delitos que están tipificados en el Código Penal como “lesiones graves y leves que atentan contra la vida, derecho al trabajo según la Constitución Política del Estado, artículo 46, numeral I, y artículo 21, numeral 5 y 6 sobre la libre expresión, esta última refrendada en la ley de Imprenta vigente”, se lee en un comunicado de esta Federación cruceñas.

Analista
De acuerdo con el analista político Carlos Saavedra, el conflicto por el Censo “fue absurdo, y el único sacrificado ha sido el pueblo, que ha quedado al medio de egos políticos de personas que han conceptualizado el Censo como momento para revalidar su vigencia política de manera egoísta, y hoy son castigados por la gente”.

Señaló, además, que los liderazgos en Santa Cruz “han estado enmarcados en la lógica de los fundamentalismos tóxicos y han terminado siendo víctimas de sus propios fundamentalismos”.

“Hemos escuchado términos que no son sanos para la convivencia democrática, ‘muerte civil’ (como lo dijo el gobernador Luis Fernando Camacho), ‘lista de traidores’, ‘censo sí o sí el 2023’, se exacerbó los ánimos y eso terminó arrizando en las calles, en las rotondas. El fundamentalismo te puede llevar a la barbarie, a la destrucción de la sociedad”, alertó en declaraciones a No Mentirás.

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