La Paz, 14 de agosto de 2024 (BOLNEWS). – El Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria ha decidido poner en marcha un plan de emergencia para combatir el «contrabando hormiga» de productos nacionales, que afecta directamente al abastecimiento interno y a los precios de alimentos básicos. Así lo informó el viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, quien explicó que la medida responde al alarmante incremento del contrabando hacia países vecinos, donde los productos bolivianos se venden a precios significativamente más altos.
«El Comité de Seguridad Alimentaria está desplegando, a través del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, un plan de emergencia para controlar la salida ilegal de nuestros productos», detalló Silva, haciendo énfasis en que esta práctica afecta tanto a la economía nacional como al acceso a productos esenciales por parte del pueblo boliviano.
El diferencial de precios es una de las principales causas del contrabando. Mientras en Bolivia una garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) cuesta Bs 22,50, en Perú su precio supera los 100 bolivianos. Esta brecha de precios no solo se observa en el GLP, sino también en alimentos como la carne de cerdo, pollo, huevos y otros productos básicos, que en los países vecinos alcanzan valores mucho más altos.
«Los precios en el resto de los países son mucho más altos que los que tenemos en Bolivia, llegando incluso a duplicarse en algunos casos», reiteró Silva, advirtiendo sobre el impacto negativo de este fenómeno, que pone en riesgo el abastecimiento interno.
El plan de emergencia incluye el fortalecimiento de los controles fronterizos, especialmente a través del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, así como una mayor coordinación entre diferentes instituciones del Estado. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger los intereses de la población boliviana, asegurando que los productos esenciales no sean desviados a mercados externos de manera ilegal, sino que lleguen a quienes más los necesitan dentro del país.
Este esfuerzo del gobierno refleja el compromiso con la soberanía alimentaria y la protección de los derechos del pueblo, en un contexto donde el acceso a productos básicos debe ser garantizado. La lucha contra el contrabando, especialmente en tiempos de crisis global, es una prioridad para asegurar que los precios internos se mantengan accesibles y que los alimentos y recursos energéticos lleguen a todos los hogares bolivianos.
La administración del presidente Luis Arce sigue trabajando bajo una visión de justicia social, en la que el bienestar colectivo y la defensa de los recursos nacionales son fundamentales para enfrentar los desafíos económicos que atraviesa el país. El control del contrabando es una pieza clave para proteger la economía popular y garantizar que Bolivia pueda sostener su crecimiento con equidad y justicia.
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