El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que el 1 de marzo concluyó el pago del “Bono contra el Hambre”, beneficio que llegó a más de 4 millones de personas con un monto pagado que supera los Bs 4.000 millones.
“Hoy, tres meses después de que iniciamos con el pago del Bono contra el hambre, con orgullo podemos decir: ¡Misión cumplida! Llegamos a más de 4 millones de personas en el territorio boliviano, con una erogación de más de 4.000 millones de bolivianos”, enfatizó, citado en un boletín institucional.
La autoridad destacó que se cumplió el mandato del presidente Luis Arce de llegar con el beneficio al área rural, donde más de 1,3 millones de personas recibieron el pago correspondiente, lo que equivale al 33% del total de los beneficiarios.
El Bono contra el Hambre fue la primera medida que ejecutó el Gobierno nacional para reconstruir y reactivar la economía, luego de las medidas desacertadas del gobierno transitorio de Jeanine Añez y los efectos adversos que dejó la pandemia del COVID-19.
El pago del beneficio comenzó el 1 de diciembre de 2020 y se prolongó hasta el 01 de marzo de 2021.
La medida consistió en el pago único de Bs 1.000 y benefició a las personas que no recibieron una remuneración salarial del sector público o privado hasta septiembre de 2020.
También se entregó esa ayuda económica a las personas mayores de 18 años cumplidos hasta el 16 de septiembre de 2020, y a menores de 60 años hasta el 1 de marzo de 2021.
De igual forma se benefició a las personas con discapacidad registradas en su organización, a las madres que recibieron el Bono Juana Azurduy, a los asegurados independientes en el Sistema Integral de Pensiones y asegurados del sector cooperativista minero.
“Para este pago estaban incluidos diferentes beneficiados. Hablamos por ejemplo de las personas con discapacidad registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera, quienes alcanzaban a más de 6.000 personas. También teníamos el registro de personas discapacitadas que están dentro de las categorías: moderada, grave y muy grave, que llegaban a 86.000 personas”, detalló la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza.
“Las madres con el Bono Juana Azurduy que eran 198.000, los que fueron beneficiados con el Bono Universal, con 3,7 millones de personas, asegurados independientes y socios cooperativistas mineros que alcanzaban a 62.000 y, en el caso de asegurados dependientes y consultores que no hicieron aportes a las AFP desde mayo a septiembre, más de 123.000 personas”, acotó.
Para garantizar la logística de pago se habilitó 75 entidades financieras a nivel nacional y un total de 2.062 agencias en todo el país.
Se atendió las consultas a través de líneas gratuitas y se designó 30 oficinas de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo a nivel nacional para viabilizar el pago de apoyo a las familias más afectadas por la crisis económica.
En cumplimiento a la instrucción del presidente Luis Arce, el 33% de los pagos de esta ayuda económica llegó al sector rural; mientras que el otro 67% se entregó al área urbana.
En cuanto a la cobertura del área rural, Beni fue el departamento más beneficiado con el 67% de los pagos realizados, seguido por Potosí, con el 55%; Cochabamba, con el 52%; y Tarija, con el 51%, entre las regiones con la mayor cantidad de pagos.
“En algunos departamentos, como es el caso de Beni, Cochabamba, Potosí y Tarija, el pago del bono en el área rural fue mayor al 50 por ciento. En el caso del Beni, el pago en área rural fue más del 66 por ciento; en Cochabamba, más del 52 por ciento; en Potosí, más del 55 por ciento; y en Tarija, más del 51 por ciento, cumpliendo con la instrucción del Presidente de llegar a los sectores más damnificados por el COVID-19, que era en el área rural”, enfatizó la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros.
A nivel global, por departamentos, La Paz concentró el 35% de los pagos, seguido por Santa Cruz, con 24% y Cochabamba, con 18%. El resto de las transacciones se realizó en los demás departamentos del país.
Con esta medida, aplicada por el Gobierno nacional para aliviar los gastos familiares, se contribuyó a reactivar la demanda interna y se dinamizó la economía nacional.
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