El secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Llorenti, informó este miércoles que ese organismo subregional condenó la violencia estatal que se registra en Colombia contra la población que protesta y llamó a que el problema sea resuelto por medio del diálogo y la concertación.
“Hemos condenado la violencia, se ha llamado a que estos asuntos se resuelvan a través del diálogo, de la concertación”, dijo en una entrevista con Bolivia TV.
Colombia registra movilizaciones populares desde el 28 de abril por causa de que el gobierno del presidente Iván Duque quiso imponer una reforma tributaria, así como un descontento social por una crisis económica registrada durante la pandemia por el COVID-19 por la caída de 6,8% de su PIB, la mayor desde que lleva registros, un desempleo que llegó al 15,9% y una pobreza monetaria que escaló hasta el 42,5%.
En ese contexto, Llorenti dijo que el ALBA-TCP pidió, además, que se atienda las causas estructurales de la injusticia social que se registra en suelo colombiano.
A su juicio, las protestas sociales de Colombia son el resultado de las consecuencias de la aplicación de la política neoliberal, como la desigualdad, que son “gravísimas”.
“Se ven (las consecuencias) no solamente en las calles de Colombia, sino en otras capitales, ciudades y países de nuestra propia región”, aseveró.
El titular del ALBA – TCP rechazó también que en medio del conflicto aparezca un guión para distraer la atención sobre lo que sucede con respecto a la versión de que Cuba y Venezuela motivan las movilizaciones populares.
“Estoy convencido de que nadie absolutamente cree ese guion desgastado, a veces planificado por algunos medios de comunicación, y lo que hace es mostrar la miopía de algunas autoridades que no quieren reconocer que los verdaderos problemas están en la pobreza, en la desigualdad, en el deseo de la gente de tener mejores condiciones de vida”, acotó.
Finalmente, Llorenti recordó que Bolivia conoce los efectos del neoliberalismo, porque los vivió de manera trágica el último año durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez con la intención de enajenación de las empresas públicas y beneficiar a algunos pocos en desmedro de la mayoría.
