La Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile criticó la reciente promulgación de la Ley de Migraciones de ese país y alertó que el discurso está “cargado de exigencias y amenazas” respaldadas por el Gobierno de Sebastián Piñera.
“El Gobierno de Chile corona tres años de instrumentalización de la política migratoria y de discriminación de carácter racista contra las personas migrantes frente a la ciudadanía nacional, consolidando un relato donde iguala narcotráfico y delincuencia internacional con migración indocumentada, y vuelve a subrayar la condición de ‘ilegalidad’ para referirse a las personas”, dijo la Cátedra, en una declaración publicada por el portal El Ciudadano.
El espacio, coordinado por la académica María Emilia Tijoux, aseguró que el pasado 11 de abril, cuando Piñera promulgó la ley, “la intención del presidente de ‘poner orden en nuestra casa’ surgió una vez más con toda su violencia, pues supone que quienes llegan a Chile ‘desordenan’ el país, logrando así producir un sentido común negativo contra quienes han llegado a ese país buscando trabajo y dignidad”.
El proyecto, levantado desde la Casa de Bello, considera que la puesta en escena, nuevamente deja ver la insistencia por establecer una división entre “el buen migrante y el mal migrante”, lo que buscaría dirigir la mirada de todo el país hacia la supuesta amenaza que contendría la migración.
“Este relato repetitivo del Gobierno, ahora con una ley en la mano, ya no puede ser contrarrestado con la información, pues parece que la verdad ya no importa. Pero tampoco importan los datos de contribución neta que genera la migración para la economía nacional ni que menos de 1 % de las personas migrantes cometan delitos, ni la contundente evidencia científica que muestra que el ingreso clandestino es consecuencia, en gran medida, de las decisiones tomadas por el propio Gobierno en la gestión de la frontera”, explicó.
El pasado domingo 11 de abril, el presidente Sebastián Piñera se dirigió al país para promulgar la nueva Ley de Migraciones, tras ocho años de tramitación en el Congreso, que facilita las expulsiones administrativas.
