Tras doce horas de audiencia cautelares de los cuatro militares involucrados en el caso denominado Huayllani, ayer el Juzgado de Sacaba determinó detención preventiva de cuatro meses para los imputados Pablo Guerra e Iván Patricio Inchauste, en el penal de San Pedro de La Paz.

En tanto, para los coimputados, Aldo Bravo y Moisés Mejía, el juez determinó detención domiciliaria con custodios y una fianza juratoria de 150 mil bolivianos, por su delicado estado de salud, informaron los abogados defensores.

Sin embargo, el almirante Aldo Bravo tiene detención preventiva en la cárcel de Mocoví, Beni, por el caso Senkata, y tendrá que volver para ser recluido.

“A mi defendido, Pablo Guerra, le dieron cuatro meses de detención preventiva, obviamente nosotros vamos a apelar, dijo Giomar Ávila.

En tanto, el abogado del almirante Bravo, Sergio Sanjinés, señaló: “Con relación a Mejía y a mi cliente Aldo Bravo, se ha determinado detención domiciliaria y fianza, este proceso da para largo, pero el juez ha obrado bien. Todos hemos apelado esta decisión del juez y esperaremos el resultado de esta apelación”.

Cargos

Los cuatro militares fueron imputados por los delitos de genocidio, asesinato y tentativa de asesinato en el puente Huayllani, de Sacaba, en noviembre de 2019, donde fallecieron 12 personas por armas de fuego y otras 125 resultaron heridas durante las intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

El jueves, los abogados de los militares señalaron que existen vulneraciones a los derechos humanos de los oficiales, entre ellos señalaron que no se está garantizando el debido proceso, no se cumplen los tiempos procesales y se está atentando contra la salud de los imputados.

Los familiares de las victimas reclaman por la demora en las investigaciones y anticipan una marcha hasta la ciudad de Sucre.

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