El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, ha rechazado la propuesta de solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la formación de un tribunal de calificaciones para los postulantes a altos cargos judiciales. Según Lima, esta propuesta no es viable debido a que la Constitución boliviana no permite la intervención de ninguna institución internacional o local que reemplace el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la selección de candidatos.
Lima afirmó que los parlamentarios tienen el mandato democrático del pueblo boliviano para seleccionar a los candidatos y que la Asamblea Legislativa es la única instancia constitucionalmente prevista para hacerlo. Sin embargo, señaló que sí se podría hacer un acompañamiento en el proceso, como ha sucedido en elecciones anteriores, a través de la intervención de ONGs, la comunidad internacional y observadores internacionales.
Por otro lado, la Comisión Mixta de Constitución aprobó el proyecto de reglamento de preselección de candidatos para las elecciones judiciales de 2023 en Bolivia. El proceso de preselección incluirá etapas como la convocatoria pública, la recepción de postulaciones, la verificación de requisitos, la evaluación de experiencia profesional y académica, evaluaciones escritas y entrevistas.
El reglamento también contempla la creación de un equipo de «acompañamiento y asesoramiento técnico» conformado por al menos seis entidades externas al Legislativo, que asegurarán la transparencia del proceso de selección. Entre ellas se encuentran el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, el Colegio Nacional de Abogados, el Colegio Nacional de Auditores o Contadores, la Asociación Nacional de Periodistas, el Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía y las organizaciones indígenas originarias campesinas. El reglamento será sometido a consideración del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional después de su aprobación por la Comisión Mixta de Constitución.
