El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, llamó al Gobierno, a la Fiscalía y a la sociedad a no permitir que los responsables materiales e intelectuales de las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en 2019, sigan libres, impunes y con el riesgo de reproducir a futuro esas conductas criminales.
La exhortación surgió este viernes durante una entrevista con el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, en la que Abrão hizo un recuento de las investigaciones técnicas, testimonios, documentos y pruebas que recopiló la CIDH en Bolivia tras los hechos de violencia de 2019.
El exejecutivo de la CIDH exhortó a que la Fiscalía continúe con las investigaciones sobre esas masacres; y apeló a la participación del grupo de expertos internacionales que indagan sobre los hechos.
“Pero principalmente, la sociedad tiene que generar una conciencia crítica para exigir que estas investigaciones sigan adelante y para no permitir que personas que han sido responsables por estas situaciones criminales puedan seguir libremente, incluso reproducir estas actitudes en el futuro”, manifestó.
Indicó que, por el bien de la democracia, “es necesario llegar a los autores materiales e intelectuales, los que actuaron en esas masacres efectivamente cumpliendo órdenes o no, deliberadamente o no”.
El exsecretario Ejecutivo recordó que, si “nunca más” se quieren otras masacres como las de Senkata y Sacaba, se “requiere una respuesta fuerte del Estado, de sus institucionalidades, de sus autoridades, y también una exigencia de la propia sociedad civil por que con eso se logra tener mejores condiciones para construir una democracia que sea fuerte, basada en derechos humanos, que sepa respetar los derechos y libertades de las personas y la libertad de manifestarse”.
Paulo Abrão recordó que Bolivia tiene compromisos internacionales, tiene obligaciones con la comunidad internacional y, “dentro de esas obligaciones, está el deber de investigar, el deber de reparar a todas las víctimas y el deber de sancionar a los autores materiales e intelectuales”.
El exfuncionario internacional citó varias veces al “fatídico” Decreto 4078 que dio carta blanca para que policías y militares disparen contra la población civil desarmada, con el saldo de al menos 36 muertos, 804 heridos, centenares de detenidos, perseguidos y torturados por participar en manifestaciones de protesta.
Ese decreto fue firmado por Jeanine Áñez Chávez, Karen Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo, Roxana Lizarraga Vega, según consta en la Gaceta Oficial de Bolivia.
El exsecretario Ejecutivo de la CIDH dijo que las investigaciones internacionales evidenciaron también la existencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres, casos de homicidios, así como la participación de grupos civiles armados que se atrincheraron del lado de las fuerzas de represión.
Ante la versión de exautoridades del anterior gobierno de que los fallecidos en Senkata y Sacaba “se mataron entre ellos”, el exfuncionario internacional dijo que las investigaciones técnicas más bien determinaron que los manifestantes estaban desarmados y que policías y militares “tiraron para matar”.
Dijo que, según su experiencia, en casos de represiones, los integrantes de las fuerzas militares y policiales suelen llevar armamento distinto a las armas de reglamento, con el fin de confundir las investigaciones, disparar y, luego, aparecer como inocentes.
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