“La factura de estos paros no las van a cargar ni la van a pagar las personas que han tomado esta decisión (del paro), la van a cargar las trabajadoras y trabajadores, los gremiales, los transportistas, las amas de casa, las mujeres y hombres emprendedores de Santa Cruz”, advirtió en una entrevista con RTP la Ministra de la Presidencia María Nela Prada.
El gobernador Fernando Camacho viene de una familia de empresarios y como funcionario público recibe un sueldo mensual, al igual que el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar. Ambos, junto al cívico Rómulo Calvo, lideran el llamado Comité Interinstitucional, instancia que convocó al paro desde el 22.
Las pérdidas por día de paro en Santa Cruz se calculan en al menos $us 36 millones. Desde instituciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) se cuestionó la medida de presión por su impacto negativo en la economía.
Los miembros del Comité Interinstitucional rechazaron acudir al diálogo del martes, convocado por el Gobierno sobre el censo. La reunión, con presencia de expertos internacionales, se realizó en la ciudad de Santa Cruz y ahí los líderes cruceños debieron explicar y justificar su propuesta de adelantar el censo, no lo hicieron.
Bolivia en 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, registró una caída de cerca de 12% en el Producto Interno Bruto (PIB). Los indicadores actuales son positivos y proyectan un crecimiento de 5,1 y una inflación controlada, pese al contexto internacional, por lo que es contraproducente un paro, afirmó.
Prada aseguró que el Gobierno está dispuesto al diálogo sin condicionamientos y técnico, en el caso del censo.
