El Gobierno nacional afirmó este viernes que en ningún momento el Comité Interinstitucional de Santa Cruz pudo demostrar la viabilidad técnica de realizar el Censo de Población y Vivienda el año 2023, como alegó para llevar a esa región a un paro indefinido que se extendió por 36 días.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, enumeró al menos cinco ocasiones en la cuales los representantes del Comité cruceño no pudieron fundamentar su propuesta censal o simplemente optaron por retirarse de la mesa de diálogo.
“Técnicamente nunca se ha podido demostrar que era posible llevar adelante (el Censo) el año 2023 porque había elementos que tienen que ver con fenómenos climatológicos, situación de traslado, movilización de personas y sobre todo la actualización cartográfica estadística”, indicó Alcón en declaraciones a radio Panamericana.
Uno de los escenarios que el Gobierno posibilitó para escuchar la propuesta del Comité Interinstitucional, que defendía el documento de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, fue el 15 de agosto, cuando los técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) llegaron a Santa Cruz en el marco de la labor de socialización del proceso censal.
En esa reunión, que se desarrolló por más de 10 horas, los técnicos del Comité presentaron una propuesta incompleta y solicitaron información adicional al Gobierno. Luego de un mes, el Comité envió al Ejecutivo su propuesta final que la sistematizó en “un resumen ejecutivo” de dos páginas en las cuales se plasmó un calendario de actividades sin ninguna explicación técnica de cada etapa.
A pesar de que en la reunión de agosto se acordó conformar una comisión técnica para definir la fecha del empadronamiento nacional con presencia de organismos internacionales, la dirigencia del Comité Interinstitucional no asistió a la reunión que se celebró el 11 de octubre en la ciudad de Santa Cruz y se concentró en preparar el paro indefinido.
Pese a ello, recordó Alcón, el Gobierno perseveró en el diálogo y así el 21 de octubre, antes del inicio del paro, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, propuso realizar el Censo de Población y Vivienda en abril del año 2024 y garantizar la distribución de los ingresos económico por coparticipación seis meses después.
De manera adicional, el 22 de octubre, cuando se registró el primer deceso de un funcionario edil que se oponía al paro en Puerto Quijarro y se instaló una mesa de diálogo, la ministra Prada planteó conformar una comisión técnica para que defina la fecha definitiva de la encuesta nacional.
Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas por la dirigencia del Comité Interinstitucional, integrada por el gobernador Luis Fernando Camacho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Vicente Cuellar y el cívico Rómulo Calvo, quienes decidieron romper el diálogo con el Gobierno y continuar con la medida de presión con su exigencia de que el proceso censal se efectúa en 2023.
Fue en medio de esas movilizaciones, que las organizaciones sociales de Santa Cruz sugirieron al Gobierno convocar al Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, cuya cita se celebró el 28 de octubre en la ciudad de Cochabamba.
De esa cita participaron técnicos del Comité cruceño, y fueron interpelados por autoridades departamentales y de las autonomías indígenas por sugerir realizar el Censo en el último trimestre de 2023, en plena temporada de lluvias.
Resultado de ese encuentro, se convocó a la conformación de la Comisión Técnica en la ciudad de Trinidad, Beni, para definir la fecha de realización de la encuesta nacional.
Como sucedió en Cochabamba, la delegación del Comité Interinstitucional participó del encuentro, sin embargo, se retiró de la Comisión antes de explicar su propuesta de realizar el Censo en 2023.
Junto con la delegación del Comité Interinstitucional, conformada por la Gobernación de Santa Cruz y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), se retiraron de la reunión los representantes de las alcaldías de Santa Cruz, La Paz y Tarija.
Pese a ello, la Comisión concluyó su labor con la recomendación de efectuar el proceso censal entre los meses de marzo y abril de 024.
“En todos estos escenarios, en todos estos procesos, en los cuales yo he estado, la propuesta que tenía la Universidad Gabriel René Moreno nunca ha sido explicada”, insistió la viceministra.
Durante su mensaje al país de este viernes, el presidente Luis Arce Catacora afirmó que la dirigencia cruceña “mintió” al pueblo cruceño porque sabía desde un principio que su propuesta de Censo en 2023 no era posible, como terminaron por admitir antes de levantar el paro en Santa Cruz, el 26 de noviembre.
Alcón dijo que las propuestas de realizar la encuesta en 2023 se fundamentaron en “posturas políticas” y no en “criterios técnicos” pues no consideraban aspectos como la actualización cartográfica estadística.
Para garantizar la calidad del proceso y recogiendo la recomendación de la Comisión Técnica, que sesionó en Trinidad entre el 5 y 9 de noviembre, el Gobierno fijó para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda a través del Decreto Supremo 4824.
Los contenidos del decreto fueron recogidos por la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral que el presidente promulgó este viernes.
La norma establece que en base a los datos oficiales de población del Censo que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024.
De manera adicional, la ley determina que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
