El entorno es natural y tranquilo. La piscina al aire libre con tobogán es uno de los espacios más vistosos entre la arboleda. Quienes se hospedan en el lugar pueden utilizar la bañera de hidromasaje y la pista de voleibol. La temperatura ambiente tiene un promedio de 30ºC. Está rodeada de la selva tropical de Cochabamba, en las entrañas del Chapare. El hotel de cuatro estrellas, que se caracteriza por sus cabañas y palmeras, se encuentra a 1 km de Villa Tunari.
Esa infraestructura es de propiedad de Arturo Murillo y fue ahí donde el exministro de Gobierno del régimen de Jeanine Áñez fue tentado por la política, cuando aún era empresario del turismo, para ser diputado desde 2006 sin imaginar lo que le deparaba el futuro político.
En 2020, huyó a EEUU para evadir la justicia y encontró la cárcel. Está preso en Miami a la espera de una audiencia solicitada por su abogada Julia Kefalinos para el lunes 7 de junio.
N° 02358-506
Hoy, Murillo está en el Centro de Detención Federal de Miami y tiene un número de identificación, es el preso N° 02358-506. Desde mayo, es uno de los 152.893 reclusos porque es acusado de soborno y lavado de dinero por gestionar la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor para el Gobierno boliviano mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Esa prisión se caracteriza por tener una población de reclusos en espera de juicio por violar las leyes federales o aquellos que ya fueron condenados. Cuando un preso es nuevo, es entrevistado y examinado por el personal de las unidades de manejo de casos, médico y de salud mental. Luego, es asignado al Programa de Admisión y Orientación (A&O), donde recibe una orientación formal sobre los programas, servicios, políticas y procedimientos de esa instalación. Este programa proporciona una introducción a todos los aspectos de la institución.
El recluso debe crear una lista de visitas en base a un proceso. Primero, el preso recibe un formulario de información de visitante cuando llega a una nueva instalación. Luego, completa su parte del documento y envía una copia a cada visitante potencial.
La persona que hace la visita debe completar todos los campos restantes del formulario y lo envía a la dirección del recluso. La institución puede solicitar más información de antecedentes y posiblemente contactar a otras agencias de aplicación de la ley. Como final del proceso, se le informa al recluso cuando una persona no está aprobada para visitar y es responsabilidad del preso notificar eso a la visita.
A veces, un recluso puede ser trasladado a una instalación diferente para que pueda beneficiarse de los programas únicos que se ofrecen en ese lugar. Pueden ser llevados para recibir tratamiento por una afección médica o por motivos de seguridad. Por lo tanto, el primer paso en la planificación de su visita debe ser determinar dónde se encuentra alojado actualmente.
Según datos estadísticos proporcionados por esa cárcel estadounidense, los reos están clasificados en 12 grupos etarios. El exministro se encuentra en el décimo, que corresponde a personas entre 56 y 60 años. Murillo tiene 57 años y cumplirá 58 el 27 de diciembre.
Por razones de seguridad, protección y saneamiento, se limita la cantidad de propiedades (joyas, fotografías, libros, revistas, etc.) que los presos pueden tener y los tipos de publicaciones que pueden recibir. La institución distribuye ropa, artículos de higiene y prendas de cama. Además, brinda servicios de lavandería.
Los encarcelados pueden comprar otros artículos de cuidado personal, zapatos, ropa recreativa y algunos alimentos a través de la comisaría. La ropa civil, es decir, la ropa no entregada al recluso o que haya sido comprada en la comisaría normalmente no está autorizada.
Los privados de libertad solo pueden poseer aquellos artículos que están autorizados a retener al ser admitidos, aquellos emitidos por el personal, comprados por el preso en la comisaría o artículos adquiridos o recibidos a través de canales aprobados.
Todos los demás artículos se consideran de contrabando y son confiscados o destruidos, según las regulaciones internas que pueden concluir en acción disciplinaria y hasta enjuiciamiento criminal para el recluso.
Las asignaciones de trabajo de la institución incluyen el empleo en áreas como el servicio de alimentos, el almacén o como ordenanza, plomero, pintor o jardinero. Los presos ganan de 12 a 40 centavos de dólar por hora por estas asignaciones.
El poder detrás del poder
Las disputas internas fueron parte del régimen. Salen a luz a un año de los hechos y el factor común es Murillo, quien además de ser Ministro de Gobierno era consejero personal de Áñez, poder que le daba influencia por encima de sus colegas de gabinete.
El exprocurador del régimen, José María Cabrera, recuerda que en septiembre de la gestión anterior, Arturo Murillo pidió su destitución luego de que la Procuraduría General del Estado iniciara las investigaciones respecto a la compra de gases lacrimógenos y material no letal que tenía indicios de sobreprecio.
“Ni bien concluí mi presentación ante la comisión de investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de aquel entonces (…), tengo las llamadas del Órgano Ejecutivo dándome comunicación de que el ministro (Murillo), entonces todopoderoso, estaba pidiendo la destitución de mi cargo como Procurador, por el hecho de haber cumplido con las funciones constitucionales de investigar actos de corrupción, sean del partido político que sean”, declaró Cabrera.
Dijo que el régimen tenía previsto golpear también a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec) de Cochabamba por el empecinamiento del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, porque buscaba la “privatización express”.
No es la única exautoridad en revelar el poder que el exministro de Gobierno tenía al interior del gabinete. El abogado y exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, dijo en una entrevista con radio Compañera el 28 de mayo: “Murillo tenía cierta influencia mayor en el gabinete (…) ese momento en el que pretendieron entrevistar a la Presidenta en un acto público, el que le susurraba al oído sobre qué pronunciarse era Arturo Murillo”.
Justiniano fue el primer destituido del cargo en el régimen de manera sorpresiva el 3 de diciembre de 2019. Para entonces, se conocían antecedentes de discrepancias internas en el gabinete. En marzo de 2020, Murillo lo acusó de ser parte de consorcios de jueces, de fiscales y abogados.
A eso, se suma la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga: “Murillo se movió con mucha gente para que lo puedan apoyar, porque quería ser ministro de Gobierno y la relación con Añez, que era muy fuerte, lo ayudó bastante”.
Incluso aseguró, en una entrevista con Fides, que Murillo intentó crear un Ministerio de Comunicación paralelo para activar acciones a nombre del régimen. Llegó a promover la contratación de Erick Foronda, exfuncionario de los EEUU para ese cometido.
“Recibí la visita del señor Foronda en mi despacho y me comentó que por instrucciones de Murillo se haría una encuesta para la imagen de la Presidenta, y yo le respondí que él no era mi jefe y que del Ministerio de Comunicación no saldría un solo centavo. Le sugerí que no perdiéramos el tiempo disfrazando las cosas, a partir de ello comenzó a desvirtuarse todo el proceso cada vez más, yo me sentía muy mal y lo denunciaba”, dijo Lizárraga.
En una entrevista con EL DEBER Radio, la excanciller Kare Longaric también dio a conocer su opinión sobre el caso por el que es procesado el exministro de Gobierno: “Repudié el hecho en el que está involucrado el señor Murillo porque nos dejó devastados”.
También tuvo desavenencias con Óscar Ortiz, con quien compartió muchos años en la Asamblea Legislativa para luego ser designado como Ministro de Economía. En septiembre de 2020, la entonces autoridad hizo públicas sus diferencias con Murillo, principalmente ligadas al tema Elfec.
“No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal. No creo que un Gobierno en sus últimas semanas deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes que debieran dejarse para la próxima gestión”, afirmó Ortiz.
El exhombre fuerte del régimen de Áñez, que se consideraba a sí mismo como un “cazador” de opositores, está preso y a horas de conocer una sentencia que definirá su destino en EEUU, el país en el que buscaba refugiarse para burlar la justicia.
El día crucial
Este lunes 7 de junio será un día crucial, ya que un tribunal federal de EEUU prevé definir la situación de Arturo Murillo, detenido por soborno y lavado de dinero. Todo indica que el exministro será sometido a un juicio que puede durar unos dos años, pero existe la probabilidad de que sea liberado a cambio del pago de un monto de dinero (fianza).
Estos escenarios fueron perfilados, en declaraciones separadas, por el abogado boliviano Gabriel Villalba y por el jurisconsulto estadounidense Tomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard.
Al respecto, el Gobierno boliviano puso máxima atención a este proceso judicial y contrató un estudio jurídico de EEUU que realiza un seguimiento minucioso a este caso.
“Es una audiencia crucial para determinar el futuro” de Arturo Murillo, dijo el abogado Villalba, quien agregó que el exministro se someterá el lunes a las determinaciones de un juez federal de EEUU.
Explicó que la administración judicial estadounidense se basa en el modelo anglosajón que es distinto al modelo boliviano: “EEUU está adscrito al sistema anglosajón en contraposición al sistema judicial europeo, específicamente italiano y francés que hemos heredado nosotros como países latinoamericanos”.
En la audiencia, se pueden dar las siguientes posibilidades: Que al igual que ocurrió con sus cómplices, se pueda pedir una fianza para que Murillo no permanezca en la prisión federal.
“También se puede dar que se determine, en este tribunal federal, la detención de Arturo Murillo, que siga detenido y que se defienda estando en la cárcel federal”, indicó Villalba.
Sin embargo, el exministro tiene también la posibilidad de apelar las determinaciones judiciales, por lo que se prevé un proceso largo.
Por su parte, el abogado estadounidense Tomas Becker dijo que hay varios escenarios judiciales sobre la situación de Murillo.
“Hay varias posibilidades, una multa, una detención de varios años. El lavado de dinero (tiene sanción máxima de) 20 años y el soborno de 15 años, máximo”, indicó días atrás a la ABI.
Sin embargo, Becker dijo que, tras conocer la demanda, se evidencia la existencia de prueba suficiente, conversaciones mediante WhatsApp entre los involucrados y otros indicios. “Hay mucha prueba del delito y van a ser procesados, yo creo”, añadió.
Explicó que los procesos criminales, como el caso de Murillo, tienen un procedimiento diferente a los juicios civiles, como es el caso del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien la justicia de EEUU le impuso la pena de pagar $us 10 millones a las víctimas de la masacre de 2003.
“Primero, hay una investigación y hay una demanda. Han detenido a las personas supuestamente responsables. Se presenta la información frente a un jurado que es el Gran Jurado para ver si hay suficiente prueba para avanzar con un juicio (…), es como una puerta para ver si hay suficiente prueba o hay prueba (y sí) puede avanzar”, dijo.
“Después de esto, hay la posibilidad de una negociación. En los Estados Unidos, por ejemplo, si el delito es de 20 años, el Fiscal puede decir: ‘okey, si tú (el acusado) dices mañana que eres culpable, solamente vamos a decir cinco años (de cárcel) en vez de 20 años’. Se puede negociar”, sostuvo Becker.
Sin embargo, también existe la probabilidad que el Fiscal no quiera negociar y se vaya directamente al juicio.
Ya en el juicio propiamente dicho, “el Jurado decide si la persona es responsable o no y decide cuántos años será el castigo”.
“Si la persona es culpable, tiene la posibilidad de una apelación y con esto termina” el proceso judicial. Todo este juicio puede durar unos dos años, indicó Becker.
En el caso de que la audiencia de este lunes decida otorgarle una fianza a Murillo, el Gobierno boliviano presentará la solicitud de extradición, indicó hace poco el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
“Nosotros estamos continuando con una investigación paralela y la situación de Murillo se va a definir el 7 de junio. Estaremos atentos y vamos a analizar si pedimos a la cooperación internacional de que existan personas en esa audiencia que puedan aportar mayores elementos de convicción. Caso contrario, si obtenemos una respuesta negativa y le otorgan una fianza a Arturo Murillo, nosotros de manera inmediata vamos a pedir la extradición”, explicó Del Castillo a la red Unitel el 27 de mayo.
Un comunicado del Departamento de Justicia de EEUU indicó que “dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un plan de soborno y lavado de dinero. El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa e individuos estadounidenses para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”.
Según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, participaron en el plan de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
