Las víctimas, sobrevivientes y familiares de las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas durante el golpe de Estado de 2019, se reunieron este jueves y definieron exigir «justicia, cueste lo que cueste», y acudir a tribunales internacionales con el fin de reclamar sanciones penales para los responsables de las violaciones masivas a los derechos humanos.
El informe fue brindado por David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto (APDHEA), quien dijo que a la reunión acudieron más de 100 familiares, heridos y afectados de la matanza ocurrida en Sacaba, Cochabamba, en 2019.
«Nos reunimos y nos pusimos a llorar» al rememorar los hechos de extrema violencia ocurridos, dijo el representante, quien explicó que una línea de acción acordada es la búsqueda de «justicia, cueste lo que cueste».
Indicó que esperarán los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que investiga en el país los hechos de violencia durante el régimen de facto, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Precisamente, la CIDH calificó de «masacres» las represiones de Sacaba y Senkata, que derivaron en la muerte de por lo menos 36 personas y dejaron más de 100 heridos y miles de perseguidos y torturados.
Al respecto, Inca dijo que la reunión de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de las matanzas definió que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal para exigir sanciones a los responsables de la violencia ocurrida entre 2019 y 2020.
«Así como no les tembló la mano para reprimir» a las autoridades de entonces, tampoco deben temblar cuando reciban las sanciones, manifestó en el programa 180, de radio Patria Nueva.
Respecto a la postura del Parlamento Europeo, donde tiene presencia mayoritaria el fascismo, el representante de los Derechos Humanos dijo que sus resoluciones «no son vinculantes» con Bolivia y solo son declaraciones políticas en defensa de los operadores del golpe de Estado.
