El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, reveló este sábado que el pedido de extradición del exministro Arturo Murillo se encuentra en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores y que será remitido al Departamento de Estado de los Estados Unidos con el fin de que la exautoridad responda a los procesos que se le iniciaron en el país.
“La extradición (de Arturo Murillo) ha seguido su curso, entendemos que ya se han hecho las traducciones. El Ministerio Publico, por el conducto regular, ha presentado a Cancillería, que es el órgano que tiene la competencia para luego enviar a su par al Departamento de Estado que a la vez lo remitirá al Departamento de Justicia para que ellos puedan evaluar y en su caso dar curso a esta extradición”, indicó Chávez a radio Cepra.
Apodado el “bolas” por su exjefe de partido Samuel Doria Medina, Murillo fue condenado el 4 de enero por una corte de Estados Unidos a cinco años y ocho meses de cárcel por lavado de dinero y soborno, proveniente del millonario sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019 y 2020.
Murillo fue aprehendido en mayo de 2021. Es el preso número 02358-506 en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos.
Se declaró culpable, como el resto de sus cómplices, Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado $us 602.000 en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gas lacrimógenos y otros equipos no letales al gobierno de facto de Jeanine Añez entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
La adquisición se hizo de la empresa Cóndor, a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones y un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Según la administración de Añez, ahora condenada a 10 años por el caso Golpe de Estado II, el lote fue adquirido para enfrentar al “terrorismo y el narcotráfico”.
De acuerdo con el procurador, Murillo habría recibido en sus manos $us 532.000 del soborno.
Por este caso también se le inició un proceso a la exautoridad y es el sustento de la solicitud de extradición. Murillo es acusado de la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros ilícitos.
Chávez espera que la petición boliviana logre una respuesta favorable del Gobierno de los Estados Unidos para que Murillo responda por este proceso y también por las masacres de Sacaba y Senkata, que dejaron más de una veintena de fallecidos.
La autoridad sostiene que él junto con todo el gabinete de Añez es responsable de la emisión del Decreto Supremo 4078 que dio impunidad a las Fuerzas Armadas para que repriman las protestas en La Paz y Cochabamba.
El exministro ya está 20 meses recluido en una prisión estadounidense y solo faltan 50, de un total de 70 meses de condena que recibió.
Según normativa de ese país, al cumplir el 80% de su condena podría obtener la libertad condicional y por ello el Gobierno nacional agiliza el procedimiento de extradición.
Sin embargo, Murillo también podría ser deportado. De acuerdo con el procurador, el exsenador no es cuidando de los Estados Unidos ni tampoco tiene residencia en ese país. “Por práctica, es posible que lo deporten cuando cumpla su condena”, apuntó Chávez.
En paralelo, en los tribunales de Estados Unidos avanza un proceso iniciado por el Gobierno nacional en contra de Murillo y sus cómplices para recuperar el dinero del sobreprecio por la compra de los gases lacrimógenos. La sentencia dictada contra el exministro será de gran utilidad para conseguir ese objetivo.
