Dos militares están aprehendidos en marco de las investigaciones en el caso “Gases lacrimógenos de Ecuador”.
Omar Valdez, abogado de uno de los detenidos, aseguró que solo seguían órdenes superiores y que el armamento no convencional fue solicitado por el exministro de Defensa de Jeanine Áñez, Fernando López.
“La Fiscalía cree que hay elementos en grado de coautoría, por participación en este hecho punible. Entendemos la preocupación del Estado, sin embargo, creemos que personas inocentes no podrían estar en esta situación (…) el exministro López es quien debe dar la cara y tiene que responder al Estado”, explicó el jurista en entrevista con Red Patria Nueva.
Remarcó que los jefes militares y el ministro de Defensa del régimen de facto son los únicos responsables de la presunta internación de este armamento no letal desde Ecuador a Bolivia a fines de 2019.
Ahora se espera que la Fiscalía presente una imputación formal en contra de los militares por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y porte y portación de armas no convencionales.
Ambos deberán someterse a una audiencia cautelar para que la Fiscalía sustente su imputación y un juez defina su situación jurídica.
Caso armamento no letal
Según el exministro de Áñez, Mauricio Ordóñez, la exautoridad que fugó a EEUU, Carlos Sánchez Berzaín, fue quien gestionó el préstamo de granadas y proyectiles, por parte del gobierno de Lenín Moreno, en Ecuador.
La Fiscalía en su momento informó que se identificó que el 15 de noviembre de 2019, en una reunión entre Roxana Lizárraga, Arturo Murillo, Fernando López, Jeanine Áñez y otros se tomó contacto con personal policial de la República del Ecuador y se acordó que ese país facilitaría armamentos que fueron internados de manera irregular.
El 16 de noviembre de 2019, parte el avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.
Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las FFAA y la Policía reprimen una manifestación y ocurre la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, con un saldo de 11 civiles muertos y al menos 78 heridos.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía, los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm. y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
Fue hasta el 27 de mayo de 2020, a través de una carta, Ecuador pidió la devolución del material prestado y se conoció de este caso.
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