La Paz, 12 de diciembre de 2024 (BOLNEWS). – Maximiliano Dávila, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) durante el gobierno de Evo Morales, fue extraditado este jueves a Estados Unidos, donde enfrenta investigaciones por asociación delictuosa, tráfico de sustancias controladas y manejo de armas relacionadas al narcotráfico. La extradición se llevó a cabo en cumplimiento de un auto supremo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 14 de agosto, a solicitud de las autoridades estadounidenses.
Dávila, quien fue aprehendido el 22 de enero de 2022 en Villazón, Potosí, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Argentina, fue trasladado al aeropuerto internacional de El Alto alrededor de las 05h00. Su vuelo partió rumbo a Estados Unidos aproximadamente a las 07h00, marcando un hito en la cooperación judicial entre ambos países.
Según investigaciones oficiales, el exfuncionario habría colaborado con una organización criminal dedicada a refinar cocaína producida en países vecinos para luego exportarla a destinos como Estados Unidos. Durante su detención en Bolivia, Dávila enfrentó cargos por legitimación de ganancias ilícitas y permaneció en el penal de San Pedro, en La Paz, bajo detención preventiva desde febrero de 2022.
La extradición de Dávila representa un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, reflejando el compromiso del Gobierno boliviano con la justicia internacional y la erradicación de redes delictivas que afectan la seguridad y la soberanía del país. Este caso también pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
En el marco de la política socialista del Estado Plurinacional, este hecho reafirma el compromiso con la justicia y la legalidad, priorizando el bienestar del pueblo boliviano y la defensa de los principios éticos en la gestión pública. La extradición de Dávila no solo responde a las demandas de la justicia estadounidense, sino que también sienta un precedente en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Bolivia.
Con esta acción, el Gobierno nacional demuestra su firmeza en la cooperación internacional para combatir el narcotráfico, un flagelo que amenaza la estabilidad y el desarrollo de las naciones. Este caso refuerza la necesidad de continuar fortaleciendo las instituciones y los mecanismos de control para garantizar que quienes vulneran la ley enfrenten las consecuencias de sus actos.
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