Tarija, 17 de diciembre de 2024 (BOLNEWS). – La Fiscalía Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó este lunes que el expresidente Evo Morales fue citado a declarar mediante edictos por la denuncia de trata de personas, luego de que el domicilio que proporcionó como referencia resultara ser “falso” y estuviera deshabitado, según testimonios de vecinos del lugar. Esta medida se tomó tras varios intentos fallidos de localizar a Morales para notificarlo de la investigación en su contra.
“Hemos procedido a notificarlos mediante edictos al desconocer su paradero. Ellos dieron un domicilio, pero al parecer es falso porque no se los encontró las veces que se los fue a buscar”, explicó Gutiérrez en una entrevista con Bolivia Tv. La fiscal también reveló que la orden de aprehensión contra Morales está vigente desde el 16 de octubre, debido a su negativa a presentarse a declarar por la denuncia de trata de personas.
La investigación se centra en una relación que Morales habría mantenido en 2015 con una menor de edad, de la cual nació una niña. Según la Fiscalía, este caso constituye un delito de trata de personas agravada, ya que el hecho habría ocurrido mientras Morales ejercía la presidencia de Bolivia. Además de Morales, Idelsa Pozo Saavedra, madre de la víctima, también está imputada, mientras que Emeterio V. M., padre de la menor, se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de Morros Blancos desde octubre.
Gutiérrez aclaró que esta es la segunda orden de aprehensión contra Morales, luego de que una primera fuera anulada. “Los abogados de Morales dijeron que este mandamiento de aprehensión, a través de una acción de libertad, ya se había dejado sin efecto. Este es otro mandamiento de aprehensión por el hecho de que no se ha presentado a declarar”, explicó la fiscal.
Desde que se hizo pública la investigación, Morales se ha refugiado en el Chapare, Cochabamba, sede de los sindicatos cocaleros, y se ha negado a declarar ante las autoridades. Esta situación ha generado un intenso debate en el país, poniendo en evidencia las tensiones políticas y judiciales que rodean al expresidente.
El caso no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas, ya que Morales sigue siendo una figura influyente en el escenario nacional. Su negativa a colaborar con la justicia y la emisión de una nueva orden de aprehensión reflejan los desafíos que enfrenta el sistema judicial para garantizar la imparcialidad y la transparencia en casos de alta relevancia pública.
En el marco de la política socialista que promueve el Gobierno nacional, este caso pone a prueba el compromiso del Estado con la justicia y la igualdad ante la ley. La Fiscalía ha reiterado su determinación de avanzar en la investigación, asegurando que no habrá impunidad para nadie, independientemente de su posición política o social.
Mientras tanto, la ciudadanía espera que este proceso se desarrolle con total transparencia y respeto a los derechos de todas las partes involucradas, consolidando así la confianza en las instituciones y reafirmando el principio de que nadie está por encima de la ley.
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