La Paz, 22 de agosto de 2024 (BOLNEWS).-
El Estado boliviano avanza en el reconocimiento y compensación a quienes sufrieron persecución y represión política durante los gobiernos de facto entre 1964 y 1982
El Ministerio de la Presidencia, en coordinación con el Ministerio de Justicia, procesa 853 solicitudes de resarcimiento a víctimas de violencia política durante los gobiernos inconstitucionales que operaron en Bolivia entre 1964 y 1982. Estas acciones están respaldadas por la Ley 1446 de 25 de julio de 2022, que autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a asignar más de Bs 99 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) para cubrir el 80% del monto adeudado como compensación a las víctimas calificadas bajo la Ley 2640 de 11 de marzo de 2004.
Desde el 15 de diciembre de 2022, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha estado recibiendo solicitudes de víctimas de violencia política, habiendo remitido hasta la fecha 853 carpetas al Ministerio de la Presidencia para su revisión y posterior pago. Este proceso de resarcimiento se lleva a cabo en coordinación con el Ministerio de Economía, cumpliendo así con el acuerdo firmado el 21 de agosto de 2022 entre el Gobierno nacional y los representantes de las víctimas de los gobiernos de facto del período 1964-1982.
Revisión de casos rechazados y atención médica priorizada
En el marco del compromiso de reparar a las víctimas de violencia política, el Ministerio de Justicia promovió la promulgación de la Ley 1568, que permite una revisión, a solicitud de parte, de los casos que fueron rechazados o desestimados en el proceso de calificación original de la Ley 2640. De las 6.177 personas que se presentaron inicialmente para el proceso de calificación, solo 1.714 fueron aceptadas positivamente, mientras que 4.463 fueron desestimadas.
Desde la promulgación de la ley el 4 de julio de 2024, el Ministerio de Justicia abrió un plazo de dos meses para la recepción de solicitudes de revisión extraordinaria. Hasta la fecha, se han recibido 102 carpetas para su reevaluación. El plazo para la presentación de estas solicitudes finalizará el 30 de agosto de 2024. Para facilitar el acceso a este proceso, se ha difundido la convocatoria a través de medios de comunicación y se han habilitado oficinas del Sistema de Justicia Plurinacional (SIJPLU) y del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) en todo el país.
Adicionalmente, se ha trabajado en garantizar atención médica a las víctimas de violencia política y sus familiares. En ese sentido, se firmó el convenio 0517 entre el SEPDAVI y el Ministerio de Salud y Deportes, que asegura el acceso sin restricciones al Sistema Único de Salud (SUS) para las víctimas que no cuenten con un seguro de salud. Asimismo, la Resolución Ministerial 0462 de 26 de julio de 2023, modificada por la Resolución Ministerial 0172 de 24 de abril de 2024, dispone la atención priorizada de todas las víctimas y sus familiares.
Compromiso del Estado con las víctimas de la represión política
El proceso de resarcimiento y la atención médica priorizada reflejan un compromiso del Estado boliviano con la reparación de las heridas del pasado. Las políticas implementadas buscan no solo reconocer el sufrimiento de quienes enfrentaron la persecución y la represión política durante los regímenes dictatoriales, sino también garantizar su derecho a la justicia, la verdad y la memoria histórica.
El gobierno del presidente Luis Arce reafirma su postura de apoyo a las víctimas de los gobiernos inconstitucionales, mediante la implementación de políticas de resarcimiento económico y social. Estas acciones son un paso importante hacia la reconciliación nacional y la construcción de un país más justo, donde la dignidad de cada ciudadano sea respetada y donde el sufrimiento de las víctimas nunca sea olvidado.
Próximos pasos y desafíos
A medida que avanza el proceso de resarcimiento, se espera que las solicitudes sean revisadas y procesadas con la celeridad que merecen. Sin embargo, el reto más grande continúa siendo la garantía de que cada víctima reciba el resarcimiento y la atención adecuada en un marco de justicia y equidad. La ASFI y las autoridades nacionales han dejado en claro su compromiso con las víctimas, pero queda pendiente asegurar que cada acción tomada sea cumplida con la mayor transparencia y eficiencia posible, en beneficio de quienes sufrieron los abusos de los gobiernos de facto.
Este proceso es una muestra del compromiso del gobierno boliviano de seguir construyendo un futuro donde el Estado proteja los derechos de todos sus ciudadanos, en especial de aquellos que fueron injustamente perseguidos por luchar por un país más justo y equitativo.
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