El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue condenado este miércoles a siete años de cárcel por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero, proveniente del millonario sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019.
El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó de la sentencia en contra del exhombre fuerte del gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Murillo fue aprehendido en mayo de 2021. Es el preso número 02358-506 en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos.
Se declaró culpable, como el resto de sus cómplices, Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado $us 602.000 en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gas lacrimógenos y otros equipos no letales al gobierno de Áñez entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Murillo
Arturo Murillo Prijic nació en Cochabamba el 27 de diciembre de 1963, fue un empresario y un polémico político. Se desempeñó como diputado y senador, pero tomó mayor protagonismo tras la crisis social de 2019. Fue parte de Unidad Nacional, partido del empresario Samuel Doria Medina, quien en algún momento llamó»el bolas» al que fue hombre fuera militante de su partido.
Antes de ser posesionado como Ministro de Gobierno, anunció una cacería de masistas: “Inmediatamente me posesione y me ponga en reunión con la Policía (…), vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, porque es cacería, ese es un animal que está matando gente en nuestro país, no lo vamos a permitir (…). Ahora voy a operar con el Ministerio de Gobierno y esas personas que empiecen a correr, porque los vamos a agarrar», advertía horas previas a su posesión; meses después y a poco de la posesión del presidente Luis Arce se dio a la fuga.
El hombre fuerte de Áñez adquirió un lote de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana de la empresa Cóndor, a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones y un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Según la administración de Áñez, ahora condenada a 10 años por el caso Golpe de Estado II, el lote fue adquirido para enfrentar al “terrorismo y el narcotráfico”.
En mayo de 2021, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló cómo funcionó el “Clan mafioso de Áñez”, mediante la empresa Bravo Tactical Solutions “empiezan a comprar con sobreprecio y como intermediaros las armas para reprimir al pueblo boliviano”.
Juicio civil
El Gobierno boliviano inició un juicio civil ante tribunales de EEUU en contra de Murillo y sus cómplices para recuperar el dinero del sobreprecio por la compra de los gases lacrimógenos.
En este proceso el Estado boliviano busca la devolución del dinero del sobreprecio de $us 2,3 millones en su integridad, y la reparación del daño causado.
