Los abogados Franklin Gutiérrez y Marcelo Valda coincidieron, por separado, que la aprehensión de Fernando Camacho, y el procedimiento que se sigue luego de este hecho, se realizan en el marco de la legalidad correspondiente y con el objetivo de que la investigación del caso prosiga.
Ambos abogados concordaron en que la orden de aprehensión salió en octubre por lo que los operadores de justicia “tienen toda la competencia” para aplicarla.
Coincidió también con ellos el coordinador del Comité Impulsor del Juicio Contra Jeanine Áñez, Aldo Michel, quien añadió que después de 17 meses es la primera vez que se ha garantizado la comparecencia de Camacho “que ha estado eludiendo su comparecencia ante la Fiscalía”, dijo a Fides Tv.
El constitucionalista Gutiérrez explicó que la defensa de Camacho debió advertir la aprehensión ya que el Código de Procedimiento Penal establece que el mandamiento se puede ejecutar con facultades de allanamiento.
El hecho de que Camacho se haya acogido al derecho del silencio no quita que haya elementos de convicción como videos y otros materiales que serán sujetos a pericia y formarán parte del acto investigativo, agregó.
“Probablemente la Fiscalía explique al juez del por qué es necesario mantener a Camacho en detención preventiva y ahora a partir de su declaración se tienen seis meses para investigar el hecho, donde se pueda convocar a otras personas, tal vez ampliar la declaración de testigos”, dijo Gutiérrez, en entrevista con Radio Patria Nueva.
En tanto, Marcelo Valdez, abogado de la exdiputada Lidia Patty, denunciante en el caso Golpe de Estado I, destacó que, como la orden de aprehensión fue emitida en octubre, no impedía que la ejecución se haga en etapa de vacación judicial.
“Habiendo elementos que establecen la probabilidad de autoría de delitos, se faculta a la autoridad para realizar la aprehensión, incluso sin declaración previa, sería una acción directa”, dijo el defensor a Unitel.
En el marco del caso Golpe de Estado I, Fernando Camacho fue aprehendido el miércoles en Santa Cruz y trasladado a la ciudad de La Paz; este jueves la Fiscalía lo imputó y pidió al juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal su detención preventiva por seis meses en el penal de Chonchocoro.
