La sentencia por el caso Golpe II es un precedente histórico para que no se vuelva a repetir una ruptura del orden constitucional. Establece ante la historia que la vía democrática y constitucional es la única ruta para llegar al poder, mencionó el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tras conocer el fallo del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.
A través de un comunicado, la cartera de Estado refirió que esta jornada se ha completado una fase decisiva en el proceso de recuperación de la democracia.
“El Órgano Judicial en el ejercicio de su independencia dictó una sentencia que se enmarca en los principios y garantías del debido proceso que reconoce la Constitución Política del Estado”, se lee en la misiva.
La sentencia del caso denominado “Golpe II”, que determina 10 años de prisión para la exsenadora Jeanine Áñez, y para los excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, Williams Kaliman y Yuri Calderón; cuatro años de prisión para Jorge Elmer Fernández Toranzo y Sergio Orellana Centellas; tres años para Jorge Pastor Mendieta y dos años para Flavio Gustavo Arce, es una decisión judicial que surge como efecto de un debido proceso en el que se verificó el cumplimiento de los derechos y garantías de las partes, detalla el comunicado.
Remarca que el juicio contó con la veeduría internacional de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
En varias ocasiones, la parte acusada acudió y recibió respuesta de organismos internacionales y de la CIDH que verificó el respeto de los derechos humanos y garantías jurisdiccionales de Áñez.
“Tal y como establece el Código de Procedimiento Penal, esta sentencia será conocida en su contenido completo y alcances en un plazo máximo de tres días hábiles. No corresponde por el momento, realizar mayores comentarios acerca de esa decisión. Serán las partes del proceso que asuman las acciones judiciales que la ley les otorga, siempre en el marco del debido proceso”.
El acompañamiento y cobertura de los medios de comunicación y la veeduría de organizaciones defensoras de derechos humanos han permitido comprobar que la defensa de Áñez ha ejercido en todo momento sus derechos constitucionales.
“Como Gobierno, garantizamos nuestro firme compromiso para continuar en la búsqueda de justicia para todas las víctimas del golpe de noviembre de 2019”, refiere el comunicado.
La determinación judicial prueba todas las vulneraciones en las que incurrió la señora Áñez en su calidad de senadora, al autoproclamarse presidenta del Estado, en transgresión del artículo 169 de la Constitución Política del Estado para la sucesión constitucional, y de los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores.
Artículo 169
– “En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.
“La memoria de nuestros mártires se honra parcialmente hoy. Este es un primer paso en el camino hacia una reparación integral y solo concluirá cuando los responsables de las masacres, ejecuciones sumarias y todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el movimiento golpista de 2019, rindan cuentas ante la justicia”, concluye el comunicado institucional.
