Para el analista y abogado constitucionalista Pedro Ugarte, el accionar de grupos radicales y violentos en Santa Cruz, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), refleja el verdadero propósito de “separatismo” alentado y promovido por Luis Fernando Camacho.
“Con estos hechos algunos grupos de poder en Santa Cruz buscan impunidad y sobre todo seguir teniendo privilegios. Al mostrar estos atisbos de odio y racismo, la UJC refleja el verdadero propósito de separatismo de Camacho”, cuestionó Ugarte en referencia a los actos vandálicos acontecidos en la capital oriental tras la aprehensión de Camacho por el caso Golpe de Estado I.
Al menos seis edificios de instituciones públicas y la casa del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, fueron incendiados y destrozados entre el miércoles y la madrigada de este jueves por grupos radicales a fines a Camacho.
“Desde ningún punto de vista se puede justificar la quema de instituciones públicas y la propiedad privada, vivimos en un estado de derecho velado por un gobierno legalmente constituido”, dijo.
Apuntó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sugirió en su momento desarticular a estos grupos de poder y choque, como la UJC, pues no se encuentra un asidero legal para su funcionamiento como tal y demuestra únicamente vandalismo, odio y racismo hacia los bolivianos.
Por otro lado, cuestionó a la UJC en su intención de expulsar a simpatizantes y autoridades del MAS de Santa Cruz, mensaje que fue viralizado este jueves en redes sociales.
“Estos amedrentamientos deben ser investigados y sancionados, porque en Bolivia se tiene normas que determinan al racismo, a la discriminación, a la violencia y a la confrontación como delitos”, apuntó Ugarte.
Dejó en claro que estos grupos vandálicos a favor de Camacho deben ser desarticulados, como plateó el grupo de expertos del GIEI. “Las autoridades llamadas por ley deberán de manera urgente actuar ante estos hechos”, recalcó.
Respecto a la aprehensión de Camacho, Ugarte afirmó que se tiene un proceso legal aperturado a denuncia por la exdiputada Lidia Patty, el cual desde el año 2020 se encuentra en la Fiscalía y en proceso de investigación.
“Y como se sabe de manera pública, la orden de apremio no es de ahora, sino que data de hace un tiempo atrás. Por lo tanto, esto no debería extrañar a Camacho y debe ponerse a derecho para responder por su participación en los hechos luctuosos de 2019”, apuntó.
