La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) aplaudieron la iniciativa del Ministerio de Justicia de promover un debate nacional sobre un anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.

Mediante un comunicado, los gremios periodísticos resaltaron que una norma que regule el acceso de la ciudadanía a la información es una garantía de transparencia en el manejo de los recursos públicos, el mejor instrumento para combatir la corrupción y una vía segura para eliminar la cultura del secretismo en el ámbito público.

Recordó que 2015, la Asociación de Periodistas de La Paz presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley sobre la materia, pero que no fue considerado en el Legislativo. Además, ya se conocen más de seis proyectos al respecto e incluso rige una norma de alcance municipal en La Paz, pero no hay una de carácter nacional.

“Bolivia y Venezuela son los dos únicos países en la región que carecen de una ley que, bajo los principios de transparencia y buena fe», señala el pronunciamiento, a tiempo de manifestar el deseo de que la iniciativa «haga realidad aquel principio jurídico interamericano que dice que la información no es de los Estados ni de los gobiernos sino de la gente”,

Destacaron que la iniciativa para desarrollar la ley merece apoyo, pero aclararon que se precisa el máximo consenso con los gremios periodísticos y otros sectores involucrados en este campo.

“Está demostrado que, sin previo debate y a veces sin justificación valedera, el poder tiende a establecer reservas y confidencialidad a información que debe estar al alcance de las personas. Los estándares han establecido que la regla tiene que ser la máxima divulgación y que la excepción es la reserva, pero determinada por ley. Lo que no responda a estos criterios vulnera el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión”, dice el pronunciamiento.

En ese marco, las asociaciones de periodistas anunciaron que estarán atentas a la convocatoria del Gobierno para participar en el debate sobre el acceso a la información, bajo la convicción de que es vital para el ejercicio de la libertad de expresión, que es el pilar de la democracia.

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