Tras más de seis horas de diálogo, diferentes sectores sociales plantearon al Gobierno convocar a un “encuentro plurinacional” para definir la fecha del “censo con consenso”, demandaron justicia por la muerte de una persona en los conflictos en medio del paro cívico en Puerto Quijarro, y garantizar el derecho al trabajo en Santa Cruz.
Los ministros de la Presidencia, María Nela Prada, y de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el portavoz presidencial Jorge Richter, además de otras autoridades, participaron de la reunión de este lunes con organizaciones sindicales, sociales, sectores económicos y productivos, naciones indígenas originarias, profesionales, universitarios y personas con discapacidad.
Al final de la prolongada reunión se firmó un acta con cinco puntos, entre ellos la convocatoria al Gobierno a llamar a un “encuentro nacional” para definir la fecha del censo, en momentos en los que el gobernador Fernando Camacho, cívicos y autoridades universitarias lideran un paro exigiendo un censo en 2023 sin haber presentado ninguna justificación técnica.
“Proponen al Gobierno Nacional la convocatoria a la brevedad a un encuentro plurinacional por un censo con consenso, participativo y democrático, en el que estén presentes los gobernadores de los nueve departamentos, todos los alcaldes, autoridades de las autonomías indígenas originarias campesinas, de la región autónoma del Chaco, y rectores de todo nuestros país, para que se determine la fecha del censo en base a criterios técnicos, tomando en cuenta las diversidades y realidades económicas, sociales y culturales de nuestro Estado Plurinacional”, establece parte de las conclusiones del encuentro desarrollado en Santa Cruz.
Prada aseguró que los “espacios de diálogo están abiertos para todos por igual” y anunció que la propuesta será hecha conocer al presidente Luis Arce.
De hecho, el sábado, las mismas autoridades que hoy participaron del encuentro con sectores sociales estuvieron en la cita con Camacho, representantes cívicos, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, para hablar del censo, sin embargo Camacho y el resto abandonaron la mesa de diálogo porque exigían sin discusión que se fije el censo en 2023 y en 120 días la entrega de resultados, como demandaron desde un principio.
En la línea del Gran Cabildo del viernes en Santa Cruz, los sectores sociales demandaron este lunes al Gobierno que “se garantice el derecho al trabajo y a la libre circulación” en Santa Cruz, pero también la posibilidad de abastecerse de alimentos, de acceder a servicios de salud y a la educación presencial.
Sobre la muerte a golpes de Julio Pablo Taborga, en medio de un conflicto en Puerto Quijarro alentado por el accionar violento de los cívicos por imponer el paro dispuesto desde la ciudad de Santa Cruz, determinaron exigir una “investigación rápida” que establezca responsabilidades sobre el asesinato.
“Ratificamos lo expuesto en el cabildo del pueblo cruceño respecto a nuestro compromiso con la defensa de la democracia intercultural, la vida, la economía y el trabajo de los bolivianos”, se determinó en otro de los puntos.
Prada destacó los resultados de este proceso de diálogo y reivindicó el cabildo de los sectores sociales.
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