La Paz, 25 de agosto de 2024 (BOLNEWS). – El Gobierno de Bolivia ha intensificado su lucha contra las quemas y chaqueos no autorizados mediante el Decreto Supremo (DS) 5203, que establece multas más severas para los responsables de estos actos. Según lo informado por el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, las sanciones ahora oscilarán entre Bs 470 y Bs 2.400, calculadas en Unidades de Fomento de Vivienda (UFVs).

«Si el que ha provocado incendios tiene una mayor cantidad de extensión de hectáreas afectadas, pagará una mayor sanción, siempre y cuando se verifique por la vía administrativa que son los autores», explicó Novillo. Esta medida busca desincentivar las prácticas ilegales de quema y chaqueo que han afectado gravemente a los ecosistemas y a las comunidades en el país.

El Decreto Supremo establece en su artículo 2 que las sanciones se aplicarán “sobre la extensión total del predio, incrementándose sucesivamente en un 100% sobre la base de la multa anterior, más un plus que corresponda en caso de resistencia o reincidencia». Esto significa que, además de penalizar el daño ambiental inicial, las multas serán más severas para quienes reincidan en estas prácticas destructivas o muestren resistencia a las sanciones impuestas.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en coordinación con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), está trabajando en un reglamento que establecerá las categorías de sanción en función de la gravedad de los incendios generados. Las sanciones serán multiplicadas por la cantidad de hectáreas afectadas, lo que garantiza que las penalidades sean proporcionales al daño causado.

Esta normativa responde a la necesidad urgente de proteger los bosques y la biodiversidad del país frente a los incendios provocados, que han afectado a miles de hectáreas en Bolivia. Además, busca fomentar prácticas agrícolas más sostenibles y responsables, que no perjudiquen los ecosistemas ni las comunidades locales.

Con el endurecimiento de estas sanciones, el Gobierno de Bolivia envía un mensaje claro sobre su compromiso con la conservación del medio ambiente y la necesidad de tomar acciones firmes contra quienes atentan contra la riqueza natural del país. Esta política también refleja un esfuerzo por mitigar los efectos del cambio climático y preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.

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