La justicia sentenció a tres exjefes de la Policía boliviana a dos años y ocho meses de cárcel por la represión violenta a la marcha indígena ocurrida en Chaparina, La Paz, en septiembre de 2011.
La sentencia fue emitida pasadas las 03:00 de este viernes por el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz. Dos altos oficiales fueron absueltos.
El veredicto fue de dos años y ochos meses de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y allanamiento, vejaciones y torturas y privaciones de libertad.
“Es una vergüenza para la justicia, porque dañan de forma permanente las carreras de oficiales completamente inocentes. Quienes debieron ser condenados son el exministro (de Gobierno Sacha) Llorenti y (el exviceministro de Gobierno Marcos) Farfán, quienes ordenaron y dirigieron todo el operativo”, afirmó el abogado Karlo Brito, defensa del general Luis Zapata, en una entrevista con Página Siete.
Los otros dos generales sentenciados son Óscar Muñoz Colodro y Carlos Flores.
Mientras que el tribunal absolvió a Henrry Terrazas y Edwin Durán. Durante el juicio falleció el oficial Ricardo Cadima.
El fallo también prevé el pago de costas para el Estado y las víctimas.
La sentencia fue leída solo en su parte resolutiva y en los siguientes días se convocará a la lectura de la sentencia de manera íntegra y las partes podrán interponer las apelaciones correspondientes.
El caso
El 25 de septiembre de 2011, un contingente policial intervino y protagonizó una de los más brutales actos de represión a la Octava Marcha de Pueblos Indígenas que se instaló en protesta por la intención de construir una carretera por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis).
Procesados
Entre los principales procesados estaban Sacha Llorenti, quien era ministro de Gobierno; Patricia Ballivián, expresidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC); José Luis Zúñiga Tarifa, Carlos Méndez Cárdenas, Gerardo Pereira Santana, Andrés Castro Kukoc, Óscar Muñoz Colodro, exsubcomandante de la Policía; Edwin Foronda Franco, inspector general de la Policía; Víctor Santos Maldonado Hinojosa, y Jorge Santiesteban Claure, comandante de la Policía Bolivia.
