Luego de más de cinco horas de debate, la Cámara de Senadores sancionó este martes el proyecto de Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral y la remitió al presidente Luis Arce Catacora para su promulgación.
La norma fue aprobada en su estación en grande con 22 votos de apoyo, a las 12.55, y en su estación en detalle con 21 votos a las 14.41.
Fue considerada con dispensación de trámite luego de que la solicitud de la senadora del MAS-IPSP por Santa Cruz, Soledad Flores Velásquez, obtuvo el respaldo de la mayoría absoluta de los legisladores de las tres bancadas a las 09.10, minutos después de que se instaló la décima octava sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.
La propuesta legal, aprobada el sábado por el pleno de Diputados, recoge en esencia los contenidos del Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda.
En ese sentido, establece que en base a los datos oficiales de población del Censo que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024.
De manera adicional, la norma determina que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
El debate inició a las 09.30 y lo abrió la senadora del MAS-IPSP Simona Quispe. La legisladora paceña manifestó su rechazo a la norma y afirmó que sólo “responde al capricho” del gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la universidad cruceña Vicente Cuellar, quienes sin justificativo llevaron a Santa Cruz a un paro que se extendió por 36 días.
Exigió a las autoridades competentes a asumir las acciones contra estos dirigentes que con la medida de presión provocaron la muerte de al menos cuatro personas, violaciones a los derechos humanos y más de $us 1.000 millones en pérdidas económicas.
En sintonía, el senador del MAS-IPSP Leonardo Loza, quien anunció que votará en contra de la norma, señaló que con el proyecto de ley solo se busca tapar “la monumental mentira” de la dirigencia cruceña que llevó al paro a Santa Cruz con la exigencia del Censo en 2023, pero al final decidió aceptar la propuesta del Gobierno de realizar la encuesta nacional el año 2024.
Recordó las palaras del gobernador cruceño, quien durante la movilización amenazó con muerte civil y tachar de traidor a las personas que acepten que el Censo se realice el año 2024.
“¿Dónde quedó ese discurso? El primero traidor es él”, afirmó Loza.
Más dura, la senadora Gladys Alarcón (MAS-IPSP) señaló que con el proyecto de ley se está “premiando a liderazgo radicales”, pero además se está abriendo la puerta de la Asamblea para que sea “facilitadora de caprichos”.
“Dicen que es una ley calmante, perfume, un complejo B para Santa Cruz, se equivocan”, advirtió Alarcón.
Señaló que se está generando una “falsa ilusión” de que con la ley se calmará los “ánimos de Calvo, Cuellar y Camacho” porque ellos seguirán con sus movilizaciones el próximo año y “no dejarán gobernar al presidente” Luis Arce Catacora.
De su lado, el senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira, indicó que con la norma se recupera el “respeto al cumplimiento de la Constitución” en lo que corresponde a la asignación de los escaños y la asignación de los recursos de coparticipación tributaria.
Mientras que el senador del MAS-IPSP Rubén Gutiérrez aclaró que el proyecto de ley no vulnera la Constitución y que solo es una norma “recordatoria”.
“Es un mecanismo meramente formal y contribuye a restablecer la normalidad plena que se está logrando en la ciudad de Santa Cruz”, alegó.
Descartó que con la aprobación de la ley se deje en la impunidad los actos delictivos que se cometieron durante los días de paro y aseguró que el gobernador de Santa Cruz tendrá que responder por esos hechos y también por su pésima gestión.
En apego a la normativa, el proyecto de ley fue remitido al presidente Luis Arce Catacora para que la promulgue.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anticipó el pasado domingo que el Gobierno no inviabilizará la promulgación de una norma que se ajuste a la Constitución.
