Seis influyentes militantes de la alianza Creemos del  gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, admitieron que la exigencia del censo 2023 no es viable, que “se le viene mintiendo a la gente” y que pueden “salir muy mal parados”, por lo que reconocieron el dilema en el que se encuentran para salir del conflicto que lleva 31 días.

Las redes sociales ganaron atención de las tendencias políticas el lunes, con lo que sería una conversación grupal sostenida entre los legisladores Centa Rek, Henry Montero, Walty Eguez, Jose Carlos Gutiérrez, Erwin Bazán y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar.

De las conversaciones reveladas se escucha decir, a cada uno en su análisis del conflicto regional por el Censo Nacional, que quién de ellos asumirá la responsabilidad de admitir el fracaso del movimiento cívico y comunicar a la población, “Usted como presidente de la Comisión Interinstitucional, ¿quién le va a comunicar a la población de que el censo ya no se puede realizar el 2023?, y que tenemos nomás que aceptar que sea el 2024”, le pregunta Montero a Cuéllar.
Montero admite que no es posible realizar el censo en 2023, pese a que los radicales como Camacho, Rómulo Calvo y Cuéllar insisten en esa línea discursiva. “Tenemos que nomás aceptar que (el Censo) sea el 2024”, se oye decir.

Rek, la senadora radical y defensora de los golpistas de noviembre de 2019, sostiene que la representación parlamentaria de Creemos, aliada de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, no tiene posibilidades de defender el censo 2023 en la sesión parlamentaria convocada para aprobar un proyecto de ley que ratifique los términos del acuerdo nacional de realizar el empadronamiento el 23 de marzo de 2024. “Podemos salir muy mal parados (de insistir con su pose política)”, reconoció la senadora.

“Se le viene mintiendo a la gente y sabemos cómo va a ser (el resultado), lo que pasa en política”, aseguró el diputado Gutiérrez y otro legislador complementó: “La Asamblea Legislativa tiene todo el deber de discutir y decir la realidad a todo el país y a Santa Cruz, más que a nadie”.

Mesa y el expresidente Jorge Quiroga, en medio del radical conflicto en la capital cruceña, habían tirado una soga de salvación al movimiento cívico radical al plantear que el Legislativo eleve a rango de Ley el Decreto Supremo que determina el Censo 2024, que fue producto del consenso nacional acordado en Trinidad. El Gobierno también comprometió redistribución de recursos de coparticipación y datos censales para la reasignación de escaños para septiembre de 2024.

Los radicales Camacho, Cuéllar y Calvo dieron un giro a la clavija política para sostener su prolongado paro con mantener el censo en 2023, a pesar de haber aceptado que se realice al siguiente año en el último cabildo.

Con la revelación de los audios de los militantes de Creemos, la posición parlamentaria se muestra contradictoria a la determinación de sus jefes políticos.
Desde que comenzará el violento paro cívico, que cobró la vida de cuatro personas y una millonaria pérdida económica, con el consiguiente efecto devastador sobre la población de escasos recursos económicos, el trio político (Camacho, Cuellar y Calvo) carga sobre sus espaldas un deterioro social y político en Santa Cruz.

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