Santa Cruz, 19 de mayo de 2023.- El gobierno del presidente Luis Arce ha anunciado una decisión histórica: solicitará al Vaticano los antecedentes de los sacerdotes que lleguen en misión a Bolivia. Esta medida preventiva, anunciada por el portavoz Jorge Richter, tiene como objetivo garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía boliviana.

Bolivia tiene relaciones estatales con el Vaticano, que es la sede administrativa de la Iglesia Católica y desde donde se envían misioneros a todo el mundo. Sin embargo, ha habido casos documentados en las décadas de 1960, 1970 y 1980 de sacerdotes acusados de delitos sexuales que fueron enviados a Bolivia y América Latina.

Entre los casos mencionados, se destaca el del sacerdote jesuita español Luis To, enviado a Bolivia después de haber cometido una violación a una niña de 8 años en España. Esta situación ha llevado al gobierno a tomar la decisión de exigir antecedentes, independientemente de las críticas que pueda recibir.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anticipó que el Gobierno está considerando un mecanismo similar al «beneplácito» que se aplica en el servicio exterior para aprobar o rechazar la entrada de sacerdotes enviados a Bolivia. Este mecanismo permitirá evitar que sacerdotes con denuncias de delitos sexuales en otros países lleguen a Bolivia.

Este anuncio sigue a una serie de decisiones históricas tomadas por el presidente Arce en relación a la protección de los niños y adolescentes. Uno de los ejemplos más destacados es el proyecto de ley que busca declarar la imprescriptibilidad de los delitos de violación a niñas, niños y adolescentes.

El Procurador General de Bolivia, Wilfredo Chávez, también ha sugerido revisar el «estatus» de la Compañía de Jesús en Bolivia, dada la cantidad de agresores sexuales identificados dentro de sus filas.

El caso de Alejandro Mestre Descals, un sacerdote de alto rango acusado de pederastia en Bolivia, fue recordado por el portavoz presidencial como un ejemplo de la gravedad del problema. La situación ha generado indignación y ha puesto en tela de juicio las políticas de la Iglesia Católica en el manejo de casos de abuso.

 

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