El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, se refirió este domingo a los alcances, hallazgos y respuestas a las recomendaciones del informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) sobre las masacres, torturas, persecuciones y actos de racismo del gobierno de facto de Jeanine Añez.

Según un boletín institucional, la autoridad indicó que es prioridad de Estado conseguir justicia para las 38 víctimas mortales y reparar el daño.

“Que en un informe se diga que bolivianos han muerto en ejecuciones sumarias, es algo muy grave”, subrayó en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Manifestó que el juicio de responsabilidades contra Añez por las masacres de Sacaba y Senkata, tras la firma del Decreto Supremo 4078 que dio impunidad a las Fuerzas Armadas, no debe estar condicionado por los políticos de oposición a la culminación de una reforma judicial, ya que ésta será realizada en un mediano plazo.

Lima destacó el compromiso de las entidades de la justicia para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, pero remarcó que será el propio Órgano Judicial el que lleve adelante la reforma, con apoyo financiero del Ejecutivo y la aprobación de normas en el Legislativo.

“El Legislativo por 2/3 de votos debe aprobar el juicio, Carlos Mesa y Fernando Camacho, quieren evadir esa responsabilidad con el pretexto de la reforma, que en todos los países es de mediano plazo. Dicen que cuando esté la justicia completamente reformada, recién tendrán justicia las 38 familias, eso es anticonstitucional y no la vamos a permitir”, advirtió el ministro.

Dijo que el grupo reflejó de manera contundente, que “los bolivianos fueron sometidos a un régimen de terror, a un régimen que violó los derechos humanos”.

Agregó que el documento refleja autorías. “Si no se firmaba el decreto de la muerte, las Fuerzas Armadas y policiales no salían a masacrar al pueblo boliviano, las responsabilidades son claras”, acotó.

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