Pericia informática internacional demuestra inexistencia de manipulación de datos en elecciones de 2019

La “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad de los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, demostró la inexistencia de manipulación en el proceso electoral. Dicho estudio se realizó en torno a la investigación sobre presuntas irregularidades dentro del caso denominado “Fraude Electoral”.

El Ministerio Público, luego de un proceso administrativo riguroso, el 15 de abril de 2021 encargó la Pericia al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, equipo compuesto por expertos internacionales con amplia experiencia y respaldo de prestigiosas universidades que solventan su trabajo y confiabilidad que estuvo dirigida por Juan Manuel Corchado, Doctor en Informática y Doctor en inteligencia Artificial, Director del Parque Científico, Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.

La pericia informática tuvo como objetivo evaluar la integridad de los sistemas informáticos y de la información generada durante las Elecciones Generales del Estado Plurinacional de Bolivia mediante la verificación de la seguridad de la infraestructura utilizada y los registros existentes de la fecha del proceso electoral. El estudio concluyó con la emisión del informe de análisis de integridad electoral, el cual tiene una extensión de más de 230 páginas, resultado de un trabajo de tres meses de duración.

Los resultados de la investigación fueron dados a conocer este martes por el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, quien sostuvo: “El informe pericial del proceso electoral determinó que se produjeron negligencias por parte de la empresa NEOTEC, encargada del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares); sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019. También demostró que los sistemas y las bases de datos del TREP y del Cómputo Oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes”.

“La comisión de fiscales a cargo del proceso penal denominado Fraude Electoral con base a todos estos indicios recolectados en la etapa investigativa, y principalmente el contenido de la pericia en seguridad informática y administración de redes, en estricta observancia de los principios de objetividad e imparcialidad que rigen la función fiscal, emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento del caso, al determinar que el hecho investigado no constituye delito, conforme dispone el Artículo 323 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, determinación que fue puesta a conocimiento de la autoridad jurisdiccional hace unos momentos”, aseveró.

Explicó que la Pericia de Seguridad Informática sobre la Integridad Electoral de las Elecciones Generales en Bolivia el 2019 detectó deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado.

Dijo que independientemente de la verificación de la integridad del contenido de la base de datos, se detectaron usuarios no identificados con rol de administrador y capacidad de acceso al sistema informático del proceso electoral; siendo altamente improbable la manipulación de los resultados, imágenes de actas y registros de cada acción de manera coordinada sobre todos los sistemas. Aseveró que, para llevar a cabo esta acción, sería necesario un equipo coordinado con accesos a todos los sistemas informáticos, tanto del TREP como al cómputo oficial.

El peritaje, entre sus conclusiones, establece que “los registros de cada acción se encontraban supervisados por responsables de mantener y garantizar la seguridad, por lo que es imposible que cualquier tipo de movimiento, en este sentido, hubiese pasado desapercibido a los responsables de auditar la seguridad de los sistemas informáticos”, informó.

“La pericia científica desarrollada ha considerado las evidencias cursantes en el cuaderno de investigación, analizadas con criterios técnicos y científicos periciales y forenses, siguiendo una metodología formal garantizando la relevancia, confiabilidad y suficiencia, conforme establece la norma ISO/IEC 27037. El desarrollo del informe ha seguido los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre tecnologías de la información”, explicó Lanchipa.

El 10 de noviembre de 2019, la OEA publicó un informe preliminar en el que cuestionó la transparencia de las elecciones presidenciales en Bolivia sobre un presunto cambio de tendencia en el conteo de votos. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien denunció un golpe de Estado.

El 4 de diciembre de ese año, la organización internacional publicó un informe final en base a lo que consideró una auditoría realizada a las elecciones generales del 20 de octubre en Bolivia, en la que se ratifica en sus observaciones; sin embargo, hasta la fecha, no se pudo demostrar una presunta manipulación de los datos.

Esos comicios confirmaban la cuarta victoria nacional consecutiva de Morales desde 2005. Según los resultados finales publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2019, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tenía como candidato presidencial a su líder político, logró 2.889.359 votos, número que representó el 47,08% de los sufragios válidos emitidos. El segundo lugar fue ocupado por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) que postulaba a Carlos Mesa, quien recibió 2.240.920 sufragios a favor, es decir, 36,51%.