El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, señaló que los ministros del gabinete del régimen golpista de Jeanine Áñez firmaron tres decretos que no tenían sustento legal, a través de los cuales se procedió a la compra irregular de gases lacrimógenos.

“No hay los informes técnicos ni legales que sustenten la emisión de los tres decretos que fueron, sin duda, los que motivaron la compra irregular, se autorizó la contratación por excepción, se autorizó la transferencia de recursos, se autorizó la compra a través de un intermediario, a través de estos decretos supremos”, ratificó en una entrevista radial.

Siles indicó que es por esta razón que el Ministerio de Justicia solicitó que se los cite a declarar en calidad de testigos para que aclaren su participación en la emisión y firma de los decretos supremos cuestionados: 4090, 4116 y 4168.

“Queremos que aclaren ante el Ministerio Público, no ante la opinión pública ni los medios de comunicación sobre cuál ha sido su intervención en la emisión de estos decretos supremos, que sin duda fueron los que motivaron la compra irregular, daño económico al Estado, posteriormente el soborno, el lavado de activos, la legitimación de ganancias ilícitas, como dice nuestra legislación”, explicó.

La autoridad aclaró que será la investigación del Ministerio Público la que determinará la situación procesal de los convocados luego de que presten su declaración.

“A juicio nuestro, institucional, creemos que, por el simple hecho de haber firmado estos decretos supremos posiblemente contrarios a la Constitución y las leyes, contrario a la propia Ley de Armas, hacen responsables a estas autoridades que solidariamente, como dice la Constitución, deben responder por sus actos”, declaró.

Asimismo, aclaró que, en el tema de la compra de gases lacrimógenos, se llevan adelante dos procesos penales diferentes, gases lacrimógenos uno y dos.

“El uno es un proceso que data de enero del presente año en el cual están imputados el señor López, Murillo y otras personas, se están investigando hechos de corrupción a momento de realizarse la compra por contratación, por excepción de gases lacrimógenos y es en este proceso que el Ministerio de Justicia ha pedido el día de hoy que se cite a declarar en calidad de testigos a todas las autoridades del gobierno de facto”, precisó.

El caso gases lacrimógenos dos fue iniciado la pasada semana con base en un informe emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), sobre retiros a cargo de personas que habían sido encomendadas por Murillo y de su entorno tanto laboral como familiar, y transferencias de dinero posiblemente proveniente de hechos de corrupción.

“Son dos casos diferentes. El primero, donde el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia, es parte coadyuvante; y el segundo, donde el Ministerio de Gobierno es también parte coadyuvante junto con el Ministerio Público” precisó Siles.

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