l juicio del caso Golpe de Estado II deja un precedente y un mensaje para que no se vuelvan a repetir hechos como el asumir la presidencia vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE), afirmó el viernes, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
“Es histórica esta sentencia porque no pueden volver a suceder los hechos del 2019, que una presidente sea investida por un militar, eso no puede ocurrir”, afirmó el ministro Novillo, tras destacar que hubo vulneración a la CPE cuando Jeanine Áñez asumió el poder.
Jeanine Áñez y los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y de la Policía, Yuri Calderón, fueron condenados a 10 años de cárcel en el caso Golpe de Estado II. Ambos se encuentran prófugos.
El ministro insistió que cualquier acto fuera de la Constitución Política del Estado constituye una ilegalidad, que en el caso Golpe de Estado II configura hechos delictuosos.
“No podemos alterar, quebrantar, romper el orden constitucional de un país, es decir, bajo ningún argumento ni justificativo”, sostuvo Novillo, quien considera que la pena a Áñez es “benevolente”.
“El precedente debía ser más fuerte, una pena mayor para que el mensaje hacia todos sea ejemplarizador”, dijo.
Asimismo, Novillo se refirió a los exjefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, Kaliman y Calderón, respectivamente, sentenciados por incumplimiento de deberes.
Ambas instituciones tienen un rol constitucional fundamental que fue quebrantado y por eso vulneran la Constitución y no cumplen sus deberes, explicó Novillo.
Las Fuerzas Armadas tienen la misión constitucional de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente elegido y de “ninguna manera, a la cabeza de Williams Kaliman, debía hacer una conferencia de prensa y pedir la renuncia del presidente legalmente elegido, hacen lo contrario a su misión constitucional”.
Desde la visión del Ministro de Defensa, la oposición intentará descalificar a la justicia, sin embargo, están los veedores que establecen que se cumplieron los estándares, es decir, que tanto los tribunales que sentenciaron, los fiscales y la partes, acusadores y defensa, actuaron respetando los principios legales, constitucionales y las garantías de un debido proceso.
