Jurídicamente estos son los argumentos o pruebas que el ministerio público esta tomando en cuenta para la aprehensión de la ex Presidenta Jeanine Añez, y sus ex Ministros que participaron del Golpe de Estado del 2019.
La senadora Jeanine Añez nunca fue electa presidenta del Senado. Se autoproclamó en una sesión ilegal y violó el artículo 169 de la CPE que establece que la sucesión constitucional llega hasta la presidencia del Senado o de Diputados.
El Alto Mando de las FFAA violó el artículo 244 de la CPE: “asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido”; al apoyar a interrumpir el orden constitucional y sostener el golpe de Estado.
Al amotinarse, brindar protección a grupos paramilitares y ejecutar la persecución política del Gobierno de facto, la cúpula de la Policía violó el artículo 251 de la CPE que establece: “Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria”.
El “comunicado” del Tribunal Constitucional negociado por Luis Vásquez (abogado de Tuto Quiroga) en Sucre no era vinculante ni de cumplimiento obligatorio. El artículo 10 del Código Procesal Constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional establece que ese garante de la supremacía constitucional emite Sentencias, Declaraciones y Autos Constitucionales.
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, aclaró ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa de la Cámara de Diputados que ese comunicado “no tiene valor legal y no es vinculante”.
Ese comunicado del Tribunal Constitucional hace referencia a una consulta que hizo Tuto Quiroga con relación a la sucesión que contemplaba la CPE neoliberal de 1967 que fue abrogada por la Constitución del Estado Plurinacional de 2009.
Un militar en uniforme de combate le impuso la banda presidencial a Jeanine Añez.
El gobierno de facto de Añez violó derechos humanos y políticos reconocidos en la CPE y provocó masacres que son delitos de lesa humanidad que no prescriben.
La CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado y la Defensoría del Pueblo, han confirmado ese extremo.

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