La Defensoría del Pueblo planteó este jueves 10 acciones para allanar el camino de la concertación en el tema del Censo de Población y Vivienda, con el objetivo de evitar una escalada de violencia en el departamento cruceño.
“Todos los involucrados en el conflicto deben evitar declaraciones que perjudiquen el proceso de diálogo y las posibles soluciones”, es el primer punto que planteó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Como segunda acción, pide que el Gobierno a dialogar con los promotores que impulsan las manifestaciones sociales con bloqueos o cercos a la urbe cruceña para que se dé un cuarto intermedio “que permita que las familias accedan a la provisión de alimentos, medicamentos y acceso a servicios básicos”.
También exhortan al Comité Interinstitucional concertar con los movilizados para que “dejen de provocar violencia” y acciones de hostigamiento en contra de la población.
Además, piden al gobernador Luis Fernando Camacho concertar con los bloqueadores para que flexibilicen la circulación de las personas, para que los derechos humanos, en particular de las personas en situación de vulnerabilidad.
“El gobernador (Camacho) como autoridad electa tiene la responsabilidad de promover al diálogo, sin ceder esta responsabilidad a otras instancias”, señala el cuarto punto del decálogo.
También solicita a las autoridades de las diferentes instancias del Gobierno y el Comité Interinstitucional pedir a los manifestantes evitar más situaciones de violencia.
Señala que el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, debe continuar promoviendo el levantamiento de los bloqueos sobre el botadero de basura “porque es su responsabilidad”.
El documento señala que los medios de comunicación deben cumplir con su rol de constructores de la defensa de los derechos humanos y el diálogo, más allá de su línea editorial.
La Defensoría del Pueblo recalca que el tema del Censo es una demanda legítima que es del pueblo y que debe encontrar soluciones técnicas.
También pide a todos los niveles de gobierno garantizar la provisión de alimentos, acceso a servicios básicos, insumos médicos, trasporte y combustible, con prioridad a la población vulnerable como son los niños niñas, adultos mayores y personas con discapacidad.
Asimismo, exhortó que al momento de hacer uso de la fuerza pública se debe respetar de manera proporcional los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
