La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exhortó este domingo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a iniciar el debate y aprobación del proyecto de ley de medidas de asistencia estatal integral para hijos de víctimas de feminicidio, que se encuentra paralizado desde 2019 y ante la urgente necesidad de brindar protección a ese sector vulnerable de la población.
“Preocupados institucionalmente, desde julio de 2019 que el proyecto no ha tenido tratamiento y las problemáticas al día de hoy persisten (…). Exhortamos a la Asamblea Legislativa a generar un debate sobre el proyecto de ley para que se dé una asistencia integral a los niños huérfanos por feminicidios, tomando en cuenta que esta población es víctima directa de violencia y que en muchos casos ha sido testigo de los asesinatos de sus madres”, indicó en una entrevista con ABI.
La Defensora aseguró que la situación requiere un esfuerzo total para comprender una situación que no es normal y que requiere más atención por parte del Estado.
Cruz indicó que se creía que la propuesta iba a ser bien recibida por los legisladores, pero quienes estaban a cargo en ese momento (2019) redujeron el concepto a solo un bono, dejando de lado los otros ámbitos de la propuesta normativa.
Asimismo, aseguró que se hizo un seguimiento constante para su aprobación y que en esta gestión se vio una apertura más amplia de las autoridades del Ministerio de Economía y de Justicia, además de la ALP para iniciar su tratamiento.
“Nos parece importante el avance, pero las cifras que se van generando en las últimas semanas si bien visibilizan la muerte de mujeres, también visibilizan la situación de los huérfanos. Estos niños no pueden seguir esperando más tiempo y necesitan de una asistencia integral”, remarcó.
La autoridad defensorial explicó que Bolivia no cuenta con un registro público nacional sobre niños que quedaron huérfanos por feminicidios y recordó que el proyecto de ley lo que prevé, además de la entrega de un bono, es la obligación de generar ese registro para que se conozca a detalle la situación de las víctimas directas por los crímenes en razón de género y hacerles el seguimiento respectivo.
Asimismo, Cruz dijo que la propuesta también prevé la entrega de incentivos, no solo para que los niños y adolescentes permanezcan en las unidades educativas, sino para que obtengan una formación superior a través de becas.
También indicó que plantea la posibilidad de otorgar canastas familiares de apoyo a las familias ampliadas que se encargan de las víctimas; la inamovilidad de esta en instituciones públicas y privadas hasta la mayoría de edad de los huérfanos y la reducción en tarifas de los servicios básicos.
“Esto con el fin de coadyuvar a las familias que se hacen cargo de estos niños, tomando en cuenta que, por lo general, lo asumen las abuelas maternas, y que en promedio una mujer en Bolivia tiene alrededor de 2,9 hijos en promedio y ese es el promedio de responsabilidad que tienen que asumir las familias”, indicó.
Agregó que la Defensoría, al no encontrar una respuesta en el ámbito nacional, comenzó a coordinar con los gobiernos municipales para la aprobación de leyes municipales de asistencia integral, que logró que hasta el momento siete municipios del país (dos en Tarija, dos en Chuquisaca, dos en Beni y uno en Pando) ya cuenten con esa normativa.
“Este proyecto plantea responsabilidad compartida entre el Gobierno nacional, los departamentales y municipales. Creemos firmemente que cuando se haga una distribución de las responsabilidades las cargas pueden ser más llevaderas y cuando se trata de salvar o recomponer la vida de los pequeños necesariamente se hacen urgentes y fundamentales”, finalizó.
