Las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad exigieron este lunes justicia por el golpe de Estado registrado en 2019 y se declararon en estado de emergencia ante las movilizaciones promovidas por la derecha, tras el encarcelamiento de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán.

“Nos declaramos en estado de emergencia ante cualquier intento de los resabios de la derecha que no entienden que Bolivia no quiere violencia, no quiere confrontación, ni movilizaciones, lo que desea es trabajo y retorno a la estabilidad económica para priorizar la salud y educación. El Pacto de Unidad exige que se haga justicia por el golpe de Estado”, señaló el dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), Henry Nina.

Los dirigentes del Pacto de Unidad se pronunciaron en conferencia de prensa en la plaza Murillo, donde rechazaron los anuncios de los aliados de Áñez de salir a las calles por una supuesta persecución política.

En la víspera, Áñez y dos de sus colaboradores fueron remitidos a la cárcel con detención preventiva por cuatro meses por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, en el marco del caso golpe de Estado.

“Desde el 10 de noviembre de 2019, el Pacto de Unidad asumió la conducción de la resistencia al golpe de Estado, donde los dirigentes hemos sido perseguidos y algunos dirigentes hemos sido perseguidos con amenazas de muerte”, dijo.

Nina sostuvo que el Pacto de Unidad “no desea vengarse” pero sí exige justicia, por lo que aseguró que no se retrocederá “ni un milímetro en ese pedido ante las instancias mandadas por ley”.

Asimismo, aseveró que el Pacto de Unidad “da su pleno y total respaldo” al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, ante los afanes de desestabilización de la derecha.

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