La Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata demandó a la Fiscalía iniciar los procesos penales contra los autores de los delitos identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como torturas, detenciones y procesos ilegales cometidos en 2019.
“Pedimos igual trato procesal, es decir, el Ministerio Público tiene la obligación de identificar a los autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores de los delitos. Estos autores mediatos serian líderes cívicos, políticos, líderes sociales, funcionarios públicos”, señala el comunicado emitido mientras se procesa al expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe de Estado I.
Expresaron que en noviembre de 2019, en la ciudad de El Alto, “un grupo de republicanos, políticos” definidos con la ideología de la derecha, pretendieron enviar un mensaje “siniestro de miedo” a nombre de una supuesta pacificación.
Ese grupo, de acuerdo con la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, pactó con la jerarquía católica, pastores cristianos, dueños de medios de comunicación, jefes de comités cívicos y la jerarquía militar y policial para, a través de un decreto y un plan de operaciones, el uso de armas de fuego contra los “hijos de aimaras y quechuas”.
“Ahora todos estos funcionarios estatales y civiles, que asistieron en la violación a los derechos humanos exigen que sus derechos sean respetados, afirman hipócritamente que no cometieron delitos o graves vulneraciones a los derechos humanos, esconden cobardemente sus actos con la palabra errores”, indica el documento.
La asociación aclaró que existen dos procesos penales abiertos en diciembre de 2019.
Uno de ellos, precisan, está radicado en la Fiscalía de Cochabamba por la masacre de Sacaba, y el otro en la Fiscalía de la ciudad de El Alto, por la masacre de Senkata, procesos que tienen tres años de investigación, y que “la Fiscalía no ha realizado imputaciones por los delitos de 2019”.
En el marco del caso Golpe de Estado I, Fernando Camacho fue aprehendido el miércoles, el jueves fue imputado y la madrugada de este viernes, en audiencia de medidas cautelares, se determinó su detención preventiva por cuatro meses en el penal de Chonchocoro de La Paz.
